
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción a 11 días de terminar su mandato, por un caso que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero. El caso tomó un nuevo rumbo tras denuncias de una funcionaria del Gobierno y la intervención de la Fiscalía.
Según las denuncias, las hermanas Guerrero ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos, aprovechando supuestos contactos dentro del Gobierno nacional.
El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos (alrededor de USD 315) por una reunión inicial con Juliana Guerrero. Luego, un anticipo de 200 millones (unos USD 65,520) para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados, según una investigación publicada por la revista Semana.
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El nombre de Juliana Guerrero, una joven de 23 años y sin título universitario, salió a la luz el año pasado. Siendo asesora del Ministerio del Interior, Petro la presentó en un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud.
“Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”, dijo en ese entonces el mandatario.
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Sin embargo, el nombramiento como viceministra se frustró luego de que se conociera Guerrero había presentado un título universitario falso. Aún así, siguió en el Gobierno manejando distintos asuntos con el aval de Petro, que la defendió hasta último momento.
“Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas”, dijo el mandatario en respuesta a quienes apuntaron a posibles vínculos afectivos suyos con Guerrero.
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El caso adquirió otra dimensión cuando Angie Rodríguez, una funcionaria que fue cercana a Petro y que actualmente dirige el Fondo Adaptación, asegurara que “había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia” que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.
Rodríguez afirmó que fue “la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación”. Además, sostuvo que existió un decreto para retirar a Guerrero del cargo de representante del presidente en la junta de la Universidad Popular del Cesar. Sin embargo, el documento “nunca fue firmado por el jefe de Estado”, según indicó en una entrevista con noticias RCN.
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Tras esas declaraciones, Petro ordenó el cese de Rodríguez, a quien calificó de “gran manipuladora” y agregó que es “una paciente siquiátrica” que encontró eco en “la perversión de la prensa tradicional” que, en su opinión, busca desacreditarlo.
El caso también llegó al terreno judicial después de que la Fiscalía abriera una indagación para establecer si las hermanas Guerrero integraron la presunta red de tráfico de influencias dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos de empresarios.
Elaborado con información de EFE.








