El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago.
“El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.
Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá pagarlo el propio inmigrante o un tercero.
Más de US$ 400 millones en multas
La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está destacado en el muro fronterizo entre EE. UU. y México en Abram-Perezville, Texas, mientras los agentes detienen a migrantes en marzo de 2021. | Crédito: Julio Cortez / AP
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos US$ 423 millones en multas migratorias sin pagar.
El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión.
La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo se fijó originalmente en US$ 500 por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a US$ 998 al día tras los ajustes por inflación.
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Primera vez que se buscará fuera de las fronteras de EE.UU.
El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.
CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
La nueva contratación busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.
Actualmente, CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.
Con información de EFE
