
No todos los bosques se quedan intactos; algunos, como el Bosque de Producción Permanente (BPP) del Perú, admiten entre sus raíces y ramas el desarrollo de economías bajo reglas claras. ¿Pero qué pasa cuando estas no se cumplen? Williams Arellano, jefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), explica las alertas que se desprenden al no gestionar lo que ya está diseñado.
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Las cifras en rojo
La deforestación en el país responde a múltiples causas: desde la agricultura migratoria hasta la construcción de carreteras sin planificación. Sin embargo, una de las más críticas es la tala ilegal, un fenómeno que el Osinfor observa de manera directa y en periodos bianuales, según explicó el vocero.
Al respecto, la última medición cerrada, correspondiente al 2023, arrojó que el 47.7% de la madera aprovechada en el país tuvo origen ilegal. Y hay un dato más: el 35% de dicha tala ocurre fuera de los títulos habilitantes; o sea, en espacios donde la presencia del Estado es débil o inexistente. En suma, hay una tala ilegal que se escapa del radar, ¿por qué?
“De los 13.5 millones de bosque de producción permanente que hay, solamente el 50% se ha puesto en valor. ¿Qué significa? Que se han otorgado derechos a través de concesiones forestales. Cuando un bosque de producción permanente no se pone en valor, es candidato inminente para que existan actividades ilegales dentro de ese territorio; narcotráfico o invasión, por ejemplo", sostuvo Arellano.
Ante la consulta de qué factores limitan la explotación adecuada de aproximadamente 6.7 millones de hectáreas, el especialista se concentró en el rol de los gobiernos regionales:
“Por un lado, es que los gobiernos regionales tengan que hacer sus procesos de adjudicación en esos espacios. Ahí deben trabajar para que puedan lanzar los procedimientos abreviados. Entendemos que con el Serfor, el año pasado, los han lanzado en Madre de Dios”, puntualizó.
Otro hallazgo que “incentiva” la tala ilegal está vinculado con los bosques comunales. Hasta el 2024, el Estado tenía registrados más de 15 millones de hectáreas de bosques titulados o en proceso de titulación a favor de comunidades nativas. Pero de toda esa superficie, solo menos del 20% se mueve bajo planes de manejo.
“¿Y por qué para nosotros es una preocupación? Porque si las hectáreas no funcionan bajo planes de manejo, seguramente se están aprovechando de manera improvisada y con mecanismos que no son sostenibles. [...] Los bosques sin un instrumento de gestión pueden estar propensos no solamente a la degradación, sino a la afectación de las propias comunidades campesinas".

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Trazabilidad de madera: el freno
Desde la ley Forestal —publicada en julio de 2011—, el Estado peruano dejó en claro cómo debía funcionar la trazabilidad de la madera: saber de dónde sale, por dónde pasa y a dónde llega. Es decir, la trazabilidad de la madera funciona como un filtro estratégico que alinea legalidad, transparencia y cuidado ambiental, lo que convierte a la sostenibilidad en una práctica empresarial verificable y no en una promesa vacía.
Aun así, el sistema presenta un “punto de fuga”: muchas industrias no han implementado correctamente los libros de operaciones, una herramienta medular para asegurar que la madera sea legal.
“A partir de nuestros estudios, hemos podido determinar que solo el 16% de las industrias están utilizando libros de operaciones electrónicos. El resto utiliza los físicos y otras no los utilizan o no los tienen actualizados. Esta debilidad da pie a que ingrese madera posiblemente ilegal en ese espacio”, advirtió Arellano.
Y adicionó: “La oferta la medimos a través de toda la guía de transporte forestal de la madera que sale del bosque; mientras que la demanda la hacemos a través de encuestas de toda la madera que se consume en las industrias. ¿Por qué lo hacemos a través de encuestas? Porque no todas implementan su libro de operaciones. Si todas lo implementaran, jalaríamos la información".
Al complementar la fiscalización con encuestas, Osinfor ha detectado una bandera roja en el campo verde: las industrias están consumiendo más madera de la que el bosque legal puede ofrecer. Por eso insiste en que una solución de peso es avanzar hacia registros digitales que permitan seguir el rastro del recurso de principio a fin.
Identificado el problema, la estrategia que la entidad contempla es reforzar la capacitación de los titulares de los títulos habilitantes y, al mismo tiempo, trabajar de la mano con los gobiernos regionales, que son finalmente los responsables de fiscalizar a las industrias forestales. ¿El objetivo? Que la trazabilidad no se corte en el tramo final de la cadena.
“También les otorgamos a nuestros titulares de títulos habilitantes que tienen un buen desempeño una constancia de reconocimiento del trabajo en el bosque. [...] Además, lo que nos ayudaría a acrecentar este 16% es una decisión de nuestro ente rector, el Serfor: que convierta a los libros de operaciones electrónicos en obligatorios. Hoy en día [tenerlos] es voluntario. [...] En las industrias no se sanciona, pero en el bosque nosotros sí sancionamos cuando no tienen la data actualizada”, argumenta el experto.

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El “epicentro” de la tala ilegal
Arellano fue enfático al mencionar que la tala ilegal en el Perú es cíclica. Se reduce en algunos puntos, se intensifica en otros y migra hacia donde el control es más débil o la demanda más alta. Pese a ello, enlistó dos lugares que suelen ser el “epicentro”, aunque por razones distintas.
“Hay dos regiones que todavía tienen problemas de tala ilegal: Loreto y Madre de Dios. En el caso de Madre de Dios, la tala ilegal se ha incrementado porque estamos descuidando como sector elevar el nivel de sensibilidad de la población con respecto al consumo responsable de la madera”.
Profundizó en el escenario: “Madre de Dios es el corredor económico sur que alimenta con producto forestal maderable a otros departamentos, como a Puno y Arequipa. ¿Qué pasa con estos departamentos? Todavía tienen altos índices de informalidad. [...] Hay muchos consumidores a quienes no les interesa la procedencia legal y, por ende, no les interesa la sostenibilidad ambiental”.
Otra es la historia con respecto a Loreto: “Notamos que Loreto es un territorio bastante amplio y se ha ido asentando cada vez más población, el control se encuentra casi ya rebasado. Por más que el gobierno regional haga sus acciones de control, demanda demasiados costos llegar a todos los rincones. Ahí estamos sugiriendo el uso de la tecnología para llegar más rápido a estos otros espacios”.
De acuerdo con Osinfor, en Madre de Dios se ha detectado más de 35.000 metros cúbicos de madera de tala ilegal; y en Loreto, más de 17.000 metros cúbicos.
Al final, cuando el Estado no llega al bosque, la ilegalidad sí.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.









