El sector energético peruano atraviesa una coyuntura crítica tras la convergencia de dos eventos de gravedad ocurridos en los primeros días de marzo de 2026. Por un lado, en el plano internacional, el inicio de un conflicto militar que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán ha sacudido el mercado. A nivel local, el Perú enfrenta una crisis operativa mayor tras la ruptura del gasoducto de Camisea. La combinación de ambos factores ha generado un escenario de extrema vulnerabilidad que exige un análisis profundo sobre la seguridad energética del país.
Deflagración a la altura del kilómetro 43 del ducto de TGP, tomada poco después del incidente ocurrido a inicios de marzo.
El impacto inmediato del conflicto bélico se ha reflejado en una fuerte alza del precio del petróleo, impulsada principalmente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, punto geográfico por donde circula cerca del 20% de la producción global de crudo. La cotización ha rozado los US$ 100 por barril, en respuesta a la drástica reducción del flujo de suministros hacia el mercado internacional. Esta inestabilidad geopolítica no solo ha afectado los precios de la energía, sino también ha golpeado los mercados bursátiles y las divisas a nivel global.
En lo que va del año, la bolsa estadounidense acumula una caída cercana al 3%, mientras que las plazas europeas y de mercados emergentes han perdido gran parte de las ganancias obtenidas en el primer bimestre. Al mismo tiempo, el dólar se ha revaluado ante la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas. Históricamente, conflictos de esta naturaleza suelen generar periodos de volatilidad a corto plazo; es decir, si la situación no deriva en una guerra prolongada con múltiples actores, los mercados tienden a recuperar estas correcciones en los meses siguientes.
En el caso peruano, esta crisis global ha coincidido desafortunadamente con la interrupción del transporte de gas natural desde Camisea. Mientras que los usuarios residenciales han tenido que migrar al uso de gasolina o petróleo —combustibles más costosos y escasos en el actual contexto—, el sector industrial carece de la misma flexibilidad. Para las fábricas y unidades productivas, la falta de gas natural representa el riesgo de paralizar operaciones. De no restablecerse la producción a la brevedad, el Perú podría enfrentar un retroceso económico severo que afectaría no solo las utilidades empresariales, sino que incrementaría los niveles de desempleo y comprometería las metas de crecimiento previstas para el 2026.
Esta crisis dual ha puesto en evidencia la peligrosa dependencia estructural que tiene la nación del suministro del gas de Camisea, considerando que el 40% de la matriz energética nacional proviene de este recurso.
Crisis energética en Perú, 2026: Mientras que los usuarios residenciales han tenido que migrar al uso de gasolina o petróleo —combustibles más costosos y escasos en el actual contexto—, el sector industrial carece de la misma flexibilidad.
De cara al futuro, resulta imperativo diversificar las fuentes de energía mediante la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, lo que requerirá incentivos públicos estratégicos. Del mismo modo, es urgente potenciar el desarrollo de energía eólica y solar, campos en los que el Perú posee ventajas competitivas frente a otros países. Si bien el gas natural ha funcionado como un bono de productividad para las empresas y el sector transporte, es un recurso que eventualmente se agotará. La tormenta perfecta que enfrentamos hoy es una advertencia clara: para evitar que este escenario se repita, es indispensable impulsar decididamente la transición hacia energías renovables que garanticen la soberanía y sostenibilidad del país.
CEO y Fundador Allié Family Office. Past President CFA Society Peru. Licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un grado de MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin.
