Varios sismos afectaron a Áncash y La Libertad, en Perú, el último fin de semana, alertando a la población por posibles nuevos movimientos telúricos. Además, como cada año, la temporada de lluvias en el país durante el verano también representa un riesgo por eventuales inundaciones o huaicos.
Para prevenir y atender alertas, el presupuesto público contempla un monto que se destina a: “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres”.
En 2025, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los recursos para este fin (actividades y proyectos) ascendieron a más de S/ 3,034.7 millones.
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó en los departamentos de Áncash y La Libertad zonas críticas por peligros geológicos que podrían activarse como consecuencia de un sismo. | Foto: Composición EC
De ese total, hasta el 30 de diciembre el país ha ejecutado S/ 2,519.2 millones para prevenir desastres naturales. Eso equivale al 83% del monto disponible.
Con ello, se registró por segundo año seguido una caída del gasto para prevenir y atender desastres: en 2023 se alcanzó un pico y se devengó S/ 3,238.6 millones, pero en el 2024, el monto fue de S/ 2,884.5 millones (-10.9%), y en el 2025 es de S/ 2,519.2 millones (-12.7%).
A esto se suma que los datos del MEF muestran que, con data al 30 de diciembre, quedaban más de 100 proyectos o productos con presupuesto asignado, pero con 0% de gasto.
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¿Qué riesgos trae esto?
Para Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), si bien ejecutar cerca del 80% del presupuesto puede parecer un resultado aceptable en comparación con otros sectores, no debería ser el estándar cuando se trata de prevención de riesgos.
Más allá del monto de ejecución, el especialista resaltó que en prevención de desastres no solo se debería aspirar a ejecutar todo el presupuesto, sino hacerlo de manera efectiva y oportuna.
“Entra a tallar la calidad del gasto. Una municipalidad puede gastar el 90% o el 100% de los recursos, pero estos pueden estar justificados en obras que avanzan poco, entonces no están cerrando brechas”, comentó a Gestión.
Cubas detalló que, al revisar solo los proyectos de prevención de desastres vinculados a la función Orden Público y Seguridad, se observa que existen 721 proyectos con presupuesto asignado en la actualidad, de los cuales cerca del 20% no ha gastado ni un sol.
Asimismo, también se identifican avances en proyectos antiguos, pero hasta ahora no se entregan: “Incluso hay proyectos cuyo inicio data del 2014 y a la fecha se sigue gastando, pero no se culminan”.
Uno de estos proyectos, indicó, es el de control de desbordes en el río Ica y la quebrada de Cansas, que inició en 2019, pero no se ha concluido. Cubas consideró que este tipo de problemas en proyectos responde a una cadena de obstáculos que aparece desde las primeras etapas de estos.
“Muchos de los proyectos que se crean no llegan a trasladarse a expediente técnico, se quedan en el camino, se amplía la cartera, pero no se materializan como obra”, refirió.
Aun cuando los proyectos puedan lograr superar la fase de formulación, el problema persiste durante la planificación de la ejecución.
Según el economista, la falta de priorización y los cambios de autoridades suelen retrasar o paralizar las obras. Esto provoca que proyectos pensados para ejecutarse en uno o dos años terminen postergándose por periodos más largos.
Cuando un proyecto de prevención no se ejecuta a tiempo, la brecha que buscaba cerrar no solo persiste, sino que puede agravarse. (Imagen: Andina)
Las demoras en los avances de proyectos traen mayores impactos económicos. Cubas advirtió que cuando un proyecto de prevención no se ejecuta a tiempo, la brecha que buscaba cerrar no solo persiste, sino que puede agravarse.
“Si el proyecto se demora, la necesidad no se atiende en el tiempo esperado y se puede agudizar la situación. Lo que era un proyecto de mejoramiento puede convertirse en uno de nueva construcción porque ya ocurrió el desastre, entonces ya no es prevención, es atención y se incrementa el costo”, explicó.
El especialista precisó que los proyectos atrasados suelen generan mayores costos para el Estado por incrementos asociados a la actualización de precios y a mayores gastos administrativos. Esto, añadió, terminaría convirtiéndose en un riesgo fiscal pues presiona aún más el presupuesto público.
Zonas con menor ejecución
¿Quiénes avanzaron más con su presupuesto para prevenir y atender desastres? La división cerró el 30 de diciembre así:
- Gobiernos regionales: gastaron el 88% de los S/ 791.8 millones asignados.
- Gobierno nacional: 85.1% de S/ 1,308.9 millones.
- Gobiernos locales: 75.8% de S/ 933.9 millones.
Pese a la mayor ejecución en gobiernos regionales de sus propios recursos, se observa que hay regiones que quedaron rezagadas:
- Piura: 48.2%
- Arequipa: 54%
- Moquegua: 66.8%
- San Martín: 73%
- Tacna: 74.5%
- Lambayeque: 75.1%
En cuanto a nivel de municipios, la inversión en actividades y proyectos para prevenir desastres fue deficiente en los municipios de:
- Pasco: 38.6%
- Junín: 40.3%
- Tumbes: 51.7%
- Lambayeque: 59.5%
- Amazonas: 68.6%
- Loreto: 69.2%
- San Martín: 75.4%
- Huánuco: 76.1%
- Arequipa: 76.2%
- Moquegua: 77.5%
- Ucayali: 77.9%
- Áncash:79.7%
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
