Como parte del pedido de facultades legislativas delegadas que hizo el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, a través de un proyecto de ley, se busca la modificación a la Ley N° 29774. Con ello se apunta a reducir el monto máximo exento del Impuesto General a las Ventas (IGV), que actualmente se ubica en US$ 200, para incrementar la recaudación tributaria y mejorar el control sobre las importaciones de bajo valor que entran al país.
El principal objetivo de esta modificación legislativa es doble: quiere cerrar las brechas que permiten la evasión fiscal en las importaciones de bajo valor. Por otro lado, pretende crear un “campo de juego” más equitativo para las empresas locales, que están obligadas a pagar IGV y otros tributos, frente a productos importados que entran al país bajo el régimen actual sin dicha carga tributaria.
Cabe destacar que, en 2020, se registraron 365,562 declaraciones de envíos de entrega rápida en Perú, con un valor CIF total de US$ 48,310,723. Según el proyecto de ley, estas cifras resaltan la magnitud del comercio que actualmente escapa a la tributación normal del IGV.
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Contexto de la propuesta
La legislación peruana actual permite que los envíos de entrega rápida o equivalentes con un valor de hasta US$ 200 ingresen al país sin pagar el IGV.
Esta norma, establecida en la Ley N° 29774, ha facilitado las compras internacionales de productos de bajo costo, especialmente con el aumento del comercio electrónico. Sin embargo, frente al creciente volumen de estas transacciones y las oportunidades que ofrece para la evasión fiscal, se ha propuesto una modificación a esta ley.
La propuesta de ajuste también se alinea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que propone reducir las franquicias (minimis) en el suministro internacional de bienes, a fin de no afectar los ingresos de los países por concepto de IVA.
“En la Unión Europea, por ejemplo, todas las importaciones de bajo valor están sujetas al pago de IVA y a los impuestos específicos. En países de la región como Ecuador y Chile, el minimis es de US$ 10 y US$ 30, respectivamente”, refiere el proyecto.
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Análisis
Juan Pablo Porto, socio de Cuatrecasas, explica que la norma originalmente eximía del IGV los envíos de documentos y mercancías de bajo valor, con el objetivo de simplificar el comercio internacional y aliviar la carga administrativa para la aduana en operaciones no rutinarias. Sin embargo, el auge del comercio electrónico ha hecho que las importaciones de bajo valor sean más comunes, planteando desafíos adicionales para la aduana y el sistema tributario.
La comparación con los umbrales en países vecinos revela que el umbral peruano de US$ 200 podría ser demasiado alto en comparación con las prácticas regionales. Destaca que esta discrepancia podría desfavorecer a las empresas peruanas, que enfrentarían una competencia desleal por parte de las importaciones extranjeras exentas de IGV.
Ante la incertidumbre sobre el nuevo umbral propuesto en el proyecto de ley, Porto reconoce la necesidad de encontrar un punto de equilibrio que beneficie tanto a los consumidores como a las empresas peruanas. Sin embargo, la falta de un análisis detallado y de una cifra concreta en el proyecto de ley deja dudas sobre el impacto real de esta medida.
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Katarzyna Dunin Borkowski, directora de Consultoría Tributaria y Aduanera en PwC, explica que es común el uso de pequeñas importaciones que permiten evadir el pago de impuestos por declaraciones subvaloradas, puesto que se importan productos que exceden ese valor o incluso productos restringidos.
Propone revisar la legislación actual y reducir el monto exento, similar a los límites más bajos en países como Ecuador y Chile, donde los límites son de US$ 10 y US$ 30, respectivamente. Este cambio podría afectar tanto a consumidores, que disfrutan de este beneficio, como a empresarios, quienes se enfrentan a una competencia desleal por productos importados que no pagan el mismo nivel de impuestos.
Además, subraya la importancia de igualar la carga impositiva entre productos físicos y digitales para evitar distorsiones de mercado y asegurar una competencia justa y resalta que cualquier medida fiscal debe buscar un equilibrio, en este caso, ser progresivo para fomentar la economía digital y proteger la economía física.
Finalmente, Dunin sostiene que los impuestos son esenciales para el funcionamiento del Estado y cubrir necesidades públicas, y cualquier beneficio fiscal debe ser cuidadosamente evaluado para evitar problemas de largo plazo en la recaudación fiscal.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
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