Medidas se toman en base al reciente Decreto Legislativo N° 1716. (Fuente: El Peruano)
Medidas se toman en base al reciente Decreto Legislativo N° 1716. (Fuente: El Peruano)

La modificación de la marca un paso clave en la modernización del control tributario en el Perú, alineando la normativa con la realidad de la economía digital y el uso masivo de comprobantes electrónicos.

informó que el Decreto Legislativo N° 1716, publicado recientemente, incorpora nuevas conductas sancionables vinculadas a la falsificación, adulteración o uso indebido de información tributaria, con penas que pueden llegar hasta los ocho años de pena privativa de la libertad, reforzando la capacidad del Estado para combatir esquemas de fraude que afectan la recaudación y la competencia leal.

“Uno de los cambios más relevantes es la tipificación como delito de la entrega de información falsa para el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el propósito de habilitar la emisión de comprobantes electrónicos, conducta que será sancionada con penas de dos a cinco años de prisión”, subrayó la Sunat.

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Asimismo, se incorporan sanciones más severas respecto al sistema de detracciones, se simplifica el sustento para denunciar estos delitos, y se sancionará la entrega de información falsa en el RUC para la emisión de comprobantes electrónicos.

La norma establece sanciones más severas -de cinco a ocho años de pena privativa de la libertad- para quienes falsifiquen o adulteren constancias de depósito de detracciones, utilizadas para sustentar el traslado de bienes, cerrando espacios a la circulación de documentación fraudulenta.

“Estas modificaciones responden a la evolución del sistema de facturación en el país, donde el uso de es predominante. La actualización normativa permite sancionar conductas que antes estaban asociadas principalmente a documentos físicos, fortaleciendo así los mecanismos de fiscalización y control”, destacó la Sunat.

Adicionalmente, se establece que bastará un informe de hechos basado en la información de para acreditar la existencia de los ilícitos, facilitando la actuación del sistema de justicia.

“Con estas medidas, el Estado refuerza la protección del sistema tributario, promueve condiciones de competencia justa entre contribuyentes y consolida el proceso de transformación digital de la Administración Aduanera y Tributaria”, sostuvo la Sunat.

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