Petroperú atraviesa una crisis estructural que viene generando elevados costos para el Estado y ha deteriorado su sostenibilidad. Frente a esto, el Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025 apenas constituye un primer paso para revertir su situación: la empresa requiere de una transformación integral que dependerá del compromiso político de las próximas autoridades y de decisiones técnicas.
Deterioro financiero e institucional
La situación financiera de Petroperú ha alcanzado niveles críticos. A 2025, la empresa acumuló cuatro años con un margen operativo negativo, es decir, no genera ingresos suficientes para cubrir el costo de sus operaciones, incluso antes de considerar el pago de los intereses de su deuda.
Este resultado responde a una combinación de factores derivados de graves problemas de gobernanza; una millonaria inversión en la Nueva Refinería de Talara, que hoy opera con fallas que limitan su capacidad de producción; una política de precios que requiere revisarse; y una estructura de planilla rígida.
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En consecuencia, entre 2010 y 2025, el nivel de su endeudamiento respecto de su patrimonio se triplicó, mientras que su capacidad de disponer de efectivo para cubrir sus pagos de corto plazo se redujo a la tercera parte.
De forma similar, la rentabilidad se deterioró de forma sostenida en el último quinquenio, luego de estar en positivo en la década previa. A ello se sumó que Fitch Ratings retirase su calificación crediticia en enero de 2026 debido a que no existía suficiente información financiera para emitir una calificación.
En el ámbito institucional, el panorama es aún más grave. En los últimos 10 años, la empresa sumó 19 gerentes generales y 21 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas siete y seis meses, respectivamente.
Esta inestabilidad refleja una alta injerencia política. Cada relevo en los altos mandos hace difícil cualquier proceso de planificación, resta continuidad y erosiona la capacidad técnica de la organización.
Costos al Estado
Dados sus magros resultados, Petroperú ha podido refinanciar sus obligaciones en el pasado gracias a la garantía implícita del Estado peruano.
En ese sentido, el IPE estima que, desde 2013, la empresa recibió el equivalente a S/25,300 millones de apoyo estatal en la forma de capitalizaciones, préstamos y garantías estatales. Ello equivale, por ejemplo, a más de 300 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), casi 100 hospitales de alta complejidad o 23 veces el presupuesto anual del Programa Juntos.
Este costo fiscal podría elevarse a más S/32 mil millones en 2026 tras los anuncios de un nuevo salvataje por alrededor US$2,000 millones por parte del Ejecutivo. La urgencia de un nuevo respaldo confirma la alta dependencia de la empresa de recursos públicos para sostener sus operaciones.
Una hoja de ruta para Petroperú
Ante un deterioro en diversos frentes, es fundamental proteger de retrocesos políticos la reforma contenida en el DU. Más aun cuando las proyecciones sobre la composición del próximo Senado no garantizan una mayoría en favor de estas medidas.
Con el 77% de actas contabilizadas, las proyecciones sobre la composición del Senado indican que 30 de los 60 escaños estarían ocupados por representantes de partidos con una posición con matices a favor de la reforma, mientras que otros 23 serían de oposición y 7 de una posición aún ambigua.
Esto es clave pues se debe consolidar el DU en una norma con rango de ley para reducir el riesgo de retroceso.
Asimismo, transformar sosteniblemente la empresa requerirá corregir sus fallas de gobernanza e incorporar capitales privados.
Una hoja de ruta sostenible deberá considerar al menos cuatro frentes: (i) asegurar una gobernanza sólida, para garantizar la independencia de presiones internas o externas; (ii) reordenar el patrimonio para incorporar participación privada y garantizar su sostenibilidad; (iii) alcanzar estabilidad operativa y comercial para contar con predictibilidad de ingresos y gastos; y (iv) dinamizar el sector hidrocarburos construyendo un entorno favorable para nuevas inversiones.
“Urgencia por una ruta sostenible”
Por Miguel Alzamora, economista senior del IPE
Seguir destinando recursos públicos para sostener una situación financiera inviable es inaceptable. En cambio, corresponde profundizar la ruta abierta por el último Decreto de Urgencia y asegurar el compromiso político necesario para emprender una reforma más profunda que incluya la participación de operadores privados y garantice una empresa viable.
Se trata de una reforma compleja que exigirá tiempo y consistencia en su ejecución, así como capacidad para resistir retrocesos. Con la elección de nuevas autoridades, aprovechar esta oportunidad o volver a postergarla, tendrá implicancias directas sobre la sostenibilidad fiscal y el desarrollo del sector hidrocarburos en el país.
