Esto se da en un contexto marcado por el inicio de operaciones de una de las principales inversiones logísticas del país y el debate sobre el alcance de las competencias del regulador en infraestructuras de titularidad privada y uso público.
En los últimos días, información periodística dio cuenta de la decisión judicial relacionada con dicho proceso, lo que motivó un pronunciamiento institucional del organismo supervisor para precisar su posición.
En medio de ello, de acuerdo con un comunicado difundido por el regulador, Ositrán informó que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por el Poder Judicial sobre alguna sentencia vinculada al proceso de amparo en cuestión.
Precisó, entonces, que no puede pronunciarse sobre el contenido o los efectos de una eventual decisión judicial mientras no exista una notificación oficial.
Ositrán señala que no ha sido notificado sobre sentencia en amparo por el puerto de Chancay(Imagen: Andina)
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No obstante, el regulador aprovechó la oportunidad para recordar el alcance de sus competencias legales.
Señaló que el marco normativo peruano vigente le otorga facultades para supervisar y fiscalizar las infraestructuras de transporte de uso público, incluidas aquellas de titularidad privada y uso público, como el terminal portuario de Chancay, con el objetivo de garantizar un servicio idóneo para los usuarios.
Añadió que estas competencias fueron informadas a la empresa operadora desde el año 2017 y difundidas a la ciudadanía en diversas oportunidades.
¿Y la regulación de tarifas?
En relación con la regulación de tarifas, Ositrán aclaró que esta facultad no ha sido materia de la demanda de amparo ni ha estado en discusión con Cosco Shipping.
Según indicó, ambas entidades han coincidido de manera sostenida en que la regulación del mercado solo procede en ausencia de competencia, conforme a lo que determine el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de acuerdo con la normativa vigente.
Ositrán reiteró su compromiso con una adecuada regulación y supervisión de las infraestructuras de transporte de uso público, orientada a proteger los derechos de los usuarios, garantizar un servicio portuario eficiente y promover la inversión privada dentro del marco de sus competencias.
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