Las concesiones mineras se han vuelto un punto de alto interés en el Perú en un contexto de precios récords del oro y el cobre, el principal producto de exportación del país; además del avance significativo de la minería ilegal, que invaden estos espacios, ante el mínimo esfuerzo gubernamental por frenarla.
Esto también calza con intentos desde el Congreso de la República de efectuar modificaciones normativas sobre la Ley General de Minería, puntualmente sobre el ámbito de las concesiones mineras y sus condiciones para atraer inversiones. La Comisión de Energía y Minas del Parlamento aprobó, recientemente, un dictamen para reducir los plazos de su caducidad y elevar los costos a su alrededor.
A octubre del 2025, se tenía un acumulado de 19,151 titulares mineros que mantenían derechos sobre un total de 55,783 concesiones vigentes. Estas, en conjunto, ocupaban una extensión de 20.4 millones de hectáreas a nivel nacional, equivalente al 17% de todo el territorio, aproximadamente.
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¿Qué se propone sobre las concesiones?
En una nueva entrega con vista a las elecciones de este 12 de abril, Gestión revisó los más de 30 planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia del Perú para conocer sus propuestas alrededor de las concesiones mineras. El resultado, en buena parte, presenta un escenario sumamente preocupante por su incidencia en el avance de la minería ilegal.
De los 35 planes revisados, este diario identificó que alrededor de la mitad (17) cuenta con iniciativas sobre las concesiones mineras, aunque las dimensiones de su impacto son diferentes [lista completa al final del informe].
Gestión revisó todos los planes de gobierno para conocer las propuestas sobre minería. | Foto: Andina
En detalle, son nueve los que tiene propuestas que van alrededor de modernizar la Ley General de Minería con plazos obligatorios de exploración y producción (Keiko Fujimori de Fuerza Popular), considerando el panorama en competidores como Chile o Australia; revisar la duplicidad, sobreposición de pequeñas y medianas concesiones (Alfonso López-Chau de Ahora Nación), entre otros.
Aquí también se propone, por ejemplo, establecer incentivos fiscales temporales a la exploración para reducir el costo de riesgo para empresas y atraer capital (José Williams de Avanza País) y realizar un catastro nacional que determine los terrenos para impulsar la política de concesiones (Fernando Olivera de Frente de la Esperanza).
En el grupo que no cuenta con referencias directas sobre este tema están Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Álvarez (Partido País para Todos).
El resultado, en buena parte, presenta un escenario sumamente preocupante por su incidencia en el avance de la minería ilegal. (Imagen: Andina)
¿“Pase” a la minería ilegal?
Lo preocupante que evidencia este análisis es que otros ocho candidatos que tientan Palacio de Gobierno plantean propuestas de cambios sobre el régimen de concesiones que afectarían severamente al atractivo del Perú como destino de inversión minera formal. Y con este desincentivo, se concretan facilidades para un mayor avance y fortalecimiento de la minería ilegal.
Entre las iniciativas identificadas por este diario está que Roberto Sánchez, que postula por Juntos por el Perú, propone la reducción del tiempo de caducidad de las concesiones, de 30 años a 4 o 5 años para la pequeña minería y minería artesanal.
“Las concesiones ‘ociosas’ serán entregadas a los pequeños y artesanales mineros”, también se lee en el documento subido al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El otro candidato que podría afectar las condiciones de inversión minera formal es Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno). Plantea reformar el sistema de concesiones mineras, contemplando revocatoria de concesiones “que no cumplen sus fines”.
“[Se propone] el establecimiento de límites máximos de concentración de concesiones por empresa o grupo económico”, agrega su plan.
Lo preocupante que evidencia este análisis es que ocho candidatos que tientan Palacio de Gobierno plantean propuestas de cambios sobre el régimen de concesiones que afectarían severamente al atractivo del Perú como destino de inversión minera formal. (Foto: Andina)
Por su parte, Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) apunta a una reforma de mecanismos de otorgamiento de concesiones para “controlar el destino de la producción, asegurar una participación de las comunidades dueñas de la superficie en explotación en el accionariado de las empresas; y revocar, caducar o expropiar concesiones ‘ociosas’”. El punto del accionariado se condice con el dictamen aprobado, recientemente, por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Otra medida en este grupo que figura es la de Francisco Diez Canseco (Perú Acción). Busca que en un plazo “indefectible y perentorio de 1 año”, los actores mineros que poseen concesiones mineras y vienen siendo rentadas a los mineros informales tendrán que producir, “de lo contrario serán devueltas al Estado”.
Roberto Chiabra (Unidad Nacional) plantea también reducir los plazos de vigencia para las concesiones sin superar los 10 años (no retroactivo).
En tanto, Yonhy Lescano (Cooperación Popular) desliza que, en febrero del 2027, “deben llevarse a cabo gestiones legales para renegociar los contratos de concesión”, a partir de nuevo marco normativo.
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El mito de las concesiones “ociosas”
Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que las propuestas de este último grupo tienen un impacto negativo en el sector y que no se encuentra sentido para la reducción de los plazos de concesiones.
“Con esta reducción [de plazo] se generará que solo accedan a los recursos minerales, justamente, quienes no saquen permisos porque el tiempo que demanda todos los procesos que hacen los formales -obtener el permiso, comprar la tierra superficial, acuerdos con comunidades- es mucho mayor a los que se proponen. En cambio, los ilegales e informales solo invaden concesiones, terrenos, no pagan derecho y explotan la tierra”, comentó.
Complementó: “Las reglas que se quieren crear son para que nadie pueda desarrollar un proyecto formal y, por tanto, los informales e ilegales tomen los minerales”.
A su turno, Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, anotó que estas iniciativas evidencian un total desconocimiento de cómo funciona el sector minero y son la clara muestra de cómo afectar un marco jurídico estable que atrae inversión para la explotación y desarrollo de la minería.
“Hay buenos componentes que explican por qué los plazos demoran muchísimo, entre ellos la tramitología en las diferentes instituciones. A esto hay que sumarle que algunas concesiones ya están invadidas por los Registros Integrales de Formalización Minera (Reinfo) caducos o ilegales”, comentó.
![Quijandría complementó: “Las reglas que se quieren crear son para que nadie pueda desarrollar un proyecto formal y, por tanto, los informales e ilegales tomen los minerales [...]”. (Foto: Andina)](https://gestion.pe/resizer/v2/5J2UYMJVTBEUXESHKNWLZVDPCU.jpg?auth=2208a453ea870f33ed9b0410fb86c410c142d882539f266f99374c7ee9a479b9&width=600&height=450&quality=75&smart=true)
Quijandría complementó: “Las reglas que se quieren crear son para que nadie pueda desarrollar un proyecto formal y, por tanto, los informales e ilegales tomen los minerales [...]”. (Foto: Andina)
Sologuren explicó que el argumento principal de estas medidas son las concesiones mal llamadas “ociosas”. Una vez más, anotó que se demuestra falta de conocimiento del mecanismo del sector y negó tajantemente que sean “ociosas”.
“Las concesiones mineras son parte de la estrategia de desarrollo de un proyecto minero. Una empresa no necesariamente explora al 100% [su concesión] en un único momento. Se tiene una estrategia de crecimiento. Lejos de ser mal llamadas ‘ociosas’, estas concesiones le producen al Estado con el pago de derecho de vigencia y penalidades”, puntualizó.
“La idea de un proyecto de gran minería, que demanda una concesión extensa, es ampliar sus operaciones porque la infraestructura, la etapa de construcción, ya se hizo: el foco está en descubrir los nuevos yacimientos”, apuntó.
Quijandría añadió que un interés claro que se evidencia con estas propuestas de los candidatos es de un aprovechamiento de años de inversión en conocimientos geológicos en favor de los informales e ilegales.
“Se trata de un intento de expropiaciones de reservas porque, justamente, el punto que se ataca son las concesiones ya conocidas. Esta inversión en conocimiento geológico es lo que ha permitido saber de una cartera de proyectos por ejecutar de casi US$ 60,000 millones. Ahora se quiere favorecer a quienes no han invertido, a las economías ilegales”, remarcó.
El vocero de la SNMPE remarcó que, precisamente, hay un “cuello de botella” para las inversiones en exploración, debido a factores como la excesiva demora para obtener los distintos trámites, la conflictividad social y la inseguridad en el país por la minería ilegal.
En este contexto, Sologuren también indicó que está olvidándose que sacar adelante nuevos proyectos mineros es cada vez más complejo, pues los que tienen minerales más cerca de la superficie ya han sido mapeados. Así, lo que requeriría el país en adelante son, incluso, mayores inversiones con un fuerte componente tecnológico para así explorar en profundidades.
“No es que los tiempos, de aquí en adelante, puedan cortarse muchísimo por lo que demandará la exploración”, sostuvo.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
