Entre el 2017 y el 2025 el Perú ahorró 409 millones de soles tras la adopción de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.
El jefe del gabinete destacó el impacto positivo de estas medidas a favor de la economía de los ciudadanos y las empresas las cuales se impulsan en el país desde 2016.
Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en su tercera jornada de trabajo en París, durante la sesión “Mejora de los marcos regulatorios para la competencia y la competitividad” de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE.
“Esto fue posible mediante la eliminación y simplificación de trámites y la prevención de cargas administrativas innecesarias, con impacto directo en la competitividad y productividad del país”, añadió.
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En su exposición, el premier Arroyo recordó que la política regulatoria en el Perú constituye una reforma construida a lo largo de una década por las recomendaciones de la OCDE. Producto de ello, el Estado también otorga mayor importancia a la consulta pública, mecanismo que facilitó la recepción de más de 9000 comentarios de más 1,600 ciudadanos y actores interesados entre 2023 y 2025, con una aceptación del 37% de los aportes en los proyectos normativos.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en su tercera jornada de trabajo en París, durante la sesión “Mejora de los marcos regulatorios para la competencia y la competitividad” de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE. Foto: PCM.
“A esto se suma la estandarización de trámites a nivel nacional, regional y local. Más del 71% de municipalidades y el 85% de gobiernos regionales adoptaron esta medida para brindar mayor predictibilidad a los ciudadanos”, remarcó.
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Adicionalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que en 2025 se implementó el Observatorio Peruano de Mejora Regulatoria, herramienta que permite monitorear avances y fortalecer la transparencia en la producción normativa.
“Para el Perú, la mejora regulatoria tiene un valor estratégico: fortalece la competitividad, genera confianza institucional y mejora las condiciones para atraer inversiones. Una regulación de calidad protege la competencia, estimula la innovación y beneficia a los ciudadanos”, explicó.
