
En el 2025 existían 43.7 millones de líneas de telefonía móvil activas en el Perú. Aun así, el problema, sobre todo en zonas rurales, sigue siendo el acceso al servicio y la calidad del mismo.
Para mejorarlo e implementar la tecnología 5G a nivel nacional se requería una inversión de más de S/18,000 millones desde el sector público y privado, según estimación del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, de agosto del año pasado, estimaba que en 2025 se invertirían US$ 1,300 millones en telecomunicaciones y para este año US$ 1,500 millones, enfocada en implementar la red 5G y reducir la brecha digital mediante las concesiones de bandas del espectro radioeléctrico.

Sin embargo, según un análisis del Comité de Telecomunicaciones de ComexPerú, que está conformado por las principales empresas y operadores del sector, el cierre de esa brecha digital estaría enfrentando un freno desde diversos frentes del propio Estado: desde limitaciones operativas en su manejo de infraestructuras críticas de transporte de datos al interior del país hasta desincentivos en el marco regulatorio y sancionador.
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Problemas en la red dorsal
En el primer caso, la referencia es a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). A través de 13,500 kilómetros llega a 22 capitales de región y 180 capitales de provincia, y permite a operadores privados y proyectos regionales de banda ancha llevar servicios de internet y telefonía a las zonas más alejadas.
Cabe recordar que en a mediados del 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió el contrato de concesión de la RDNFO con Azteca. Luego transfirió la red al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) temporalmente. Al inicio, solo era hasta enero del 2025, pero luego lo prorrogó de forma excepcional hasta enero del 2028.
Sin embargo, según indicó a Gestión Brenda Sparrow, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, Pronatel no tiene la capacidad operativa para mantener los estándares técnicos necesarios para operar la RDNFO en forma continua las 24 horas, sino que afrontaría serias deficiencias que llevan a cortes del servicio y demoras en su restitución.

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La propuesta del gremio es que, como una opción, se entregue temporalmente la operación provisional de esa red dorsal a un operador privado especializado y con obligaciones verificables de continuidad y mantenimiento preventivo y correctivo del servicio. Esto, hasta que el MTC entregue la RDNFO en concesión definitiva.
Además, Sparrow refirió que se mantienen brechas en la calidad del servicio que se brinda a través de las redes regionales de banda ancha, cuyas velocidades de transmisión de datos están desfasadas y son insuficientes para atender la demanda.
Frente a ello, proponen ejecutar una segunda fase de la ampliación de capacidad de dicho servicio, así como que la administración de las redes de transporte de datos -a cargo de Pronatel- se traspase a operadores capaces y especializados que garanticen una continuidad real y reducción de la indisponibilidad de esas redes.
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¿Trabas regulatorias?
En el aspecto regulatorio, Sparrow señaló que observan una presión sancionadora de parte del organismo regulador, Osiptel, que puede comprometer las inversiones que tienen previstas los operadores privados de telecomunicaciones, aun cuando ya la propia competencia que existe entre estos les ha empujado a mejorar sus precios y la calidad de sus servicios.
Señaló que el citado organismo cuenta con un esquema basado en la tipificación de 598 conductas sancionables, que no consideraría un enfoque de riesgos y, por ejemplo, en el 2024 las multas representaron el 11.2% de las inversiones de las operadoras.
En el 2025 se aplicaron S/ 181 millones en multas regulatorias. El promedio anual del monto de esas sanciones pecuniarias entre el 2021 y 2025 (S/154 millones) equivale seis veces al promedio anual de multas en el periodo 2015-2019.
En consecuencia, observó que hoy existe una coyuntura de renovación de concesiones de telecomunicaciones que castiga doblemente a las empresas con sanciones y advierte que todos estos factores pueden generar un desincentivo a las operadoras a seguir invirtiendo o a querer renovar sus contratos.
Ya en otro momento, ComexPerú se ha referido también al bloqueo de las señales móviles en penales. “Del total de 69 penales y 10 Centros Juveniles, solo el 40% tienen bloqueadores contratados por el Ministerio de Justicia [...] Las operadoras han cumplido con ajustar su señal en coordinación con la empresa a cargo de los bloqueadores”, ha referido el gremio. Su “queja” es que, con el uso de Wifi y servicios satelitales, hay otro tipo de trabajo por hacer que ya debe recaer en el Estado y no en los operadores.
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La respuesta de Osiptel
Consultado por Gestión sobre el tema, Osiptel refirió que en un mercado complejo como el de las telecomunicaciones, es esperable contar con una tipificación amplia que responde a diversos cuerpos normativos sectoriales, pero descartó que su potestad fiscalizadora y sancionadora -sustentada en la Ley N° 37332- sea una función discrecional, sino que busca la protección de los derechos de los usuarios y el adecuado funcionamiento del mercado.
Refirió que la existencia de dichas tipificaciones no implica que todas ellas se fiscalicen y sean materia de sanciones. Por ejemplo, el 2025 quedaron firmes multas impuestas por la Gerencia General del Osiptel relacionadas solo a 24 materias con infracciones tipificadas.

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Además, indicó que cuentan con varias herramientas para promover el cumplimiento de las normas y corrección de las conductas, entre ellas las alertas preventivas y la imposición de medidas correctivas, las cuales no tienen una naturaleza sancionadora, sino que buscan la corrección de las conductas detectadas.
La data del regulador muestra que se ha venido incrementando la participación de las fiscalizaciones preventivas en los últimos años pasando de representar el 8.5 % del total de fiscalizaciones iniciadas el 2022 a 33.1 % en el 2025.

De la misma manera, remarcó que el ratio de multas firmes respecto de los ingresos por servicios públicos de telecomunicaciones de las operadoras se han situado en alrededor del 0.4%, considerando los valores acumulados durante los últimos 10 años (2015-2024).
Recordó que en dicho periodo ya operaban las cuatro empresas más grandes en el mercado local, y aseguró que “la importancia de las sanciones es mínima y no representa un riesgo material para las empresas ni las oportunidades de desarrollo de nuevos negocios”.
Gestión consultó al área de prensa del MTC respecto a las observaciones que realizó ComexPerú relacionadas a los problemas en las redes que llevan internet bajo operación de Pronatel, pero hasta el cierre de este reporte no recibió respuesta.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.








