La bancada de Fuerza Popular presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso un proyecto de ley que promueve el desarrollo sostenible de las actividades agrarias en la Amazonía.
El PL 88-2026-2031-CD se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y en la de Desarrollo Agrario, y entre sus principales ejes, promueve la inscripción automática, prioridad en titulación de tierras y acceso a créditos. También fija nuevas reglas para delimitar las zonas forestales y agropecuarias.
Nuevo régimen
Se busca crear el Régimen de Promoción de las Actividades Agrarias Sostenibles en la Amazonía (REPAAS), con una vigencia de cinco años, a través de un registro a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con un procedimiento de aprobación automática.
Los inscritos tienen que haber realizado actividad agraria en la Amazonía y no estar dentro del Registro Nacional de Infractores Forestales y de Fauna Silvestre, ni ocupar predios privados de terceros ni áreas en posesión de pueblos indígenas u originarios.
- LEA TAMBIÉN: Cámara de Diputados: ministro del Ambiente informará sobre avances frente al cambio climático
El documento —que deberá agendarse en el Pleno de la Cámara de Diputados una vez que pase las comisiones— recalca que el régimen REPAAS no comprendería predios donde se desarrollen cultivos ilícitos, tala ilegal, minería ilegal u otras.
Para incorporarse al REPAAS, los productores tendrían que figurar en el Padrón de Productores Agrarios, con la ubicación georreferenciada de su actividad, y acreditar la presentación de un instrumento de gestión ambiental preventivo o correctivo ante la autoridad competente.
Los que se adhieran a este régimen tendrán acceso a créditos agrícolas a través de Agrobanco, previa evaluación crediticia y cumplimiento de los requisitos que se fijen, así como para asistencia técnica del Midagri.
La iniciativa contempla contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales de hasta 100 hectáreas, por un máximo de cuarenta años renovables. Foto: Rhett A. Butler
Titulación de tierras: nuevas reglas
Se plantea la delimitación de una Zona Forestal Amazónica y una Zona Agropecuaria Amazónica, que servirían para diferenciar los derechos que podrían otorgarse sobre la tierra.
Para determinar la zona forestal, se utilizarían, en un orden de prelación, mapas de bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre, pendientes y ecosistemas hidromórficos. Entre los criterios figuran la cobertura boscosa al 31 de diciembre de 2020 y las tierras sin bosque a esa fecha con pendientes superiores al 25%.
En tanto, para la zona agropecuaria se permitirá dar títulos de propiedad sobre la totalidad del predio y desarrollar actividades agrarias, agroforestales o plantaciones forestales sin estudios o autorizaciones adicionales para el uso del suelo.
- LEA TAMBIÉN: Amazonía con mayor demanda internacional, pero pierde oportunidades por altos costos logísticos
Piden criterios validados
Según los gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, Cusco y San Martín, las autoridades ministeriales y organismos competentes tienen que emitir una opinión técnica que garantice el respeto por las tierras amazónicas donde se debe preservar la flora y fauna a la hora de delimitar zonas.
Si bien validan el propósito formalizador, piden tomar con pinzas los cambios sobre las zonificaciones y uso de áreas de conservación. Las mesas interinstitucionales y regionales pueden ayudar a aterrizar la propuesta de la bancada oficialista.
Sanciones
Dentro de las tareas de conservación, los productores inscritos tienen que abstenerse de retirar cobertura forestal sin autorización e implementar un Plan de Manejo Ambiental Simplificado.
El incumplimiento de las obligaciones determinaría su exclusión del registro. Asimismo, los títulos de propiedad expedidos bajo este marco estarían condicionados al compromiso de no retirar cobertura forestal sin autorización: de comprobarse una infracción a esa condición, se revertiría el papel.
A los productores de la zona agropecuaria que retirasen bosque sin mantener una reserva mínima del 30% del predio, se les fija una compensación progresiva en la parcela vía reforestación, conservación o sistemas agroforestales instalados.
También se propone una moratoria de 20 años para autorizar el cambio de uso de los bosques ubicados en tierras públicas dentro de la zona agropecuaria. Durante ese periodo solo podrían tener uso forestal.
Cesión de uso hasta por 40 años
En algunas zonas de tratamiento especial en la zona forestal amazónica, los productores podrían lograr contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales sobre predios ocupados antes del 31 de diciembre de 2024.
Dichos contratos tendrían hasta 100 hectáreas y por un máximo de 40 años renovables, las cuales podrían transferirse con aprobación de la autoridad forestal regional. El pago anual por hectárea sería de 0.02% de una UIT, con exoneración cuando el predio acceda al REPAAS.
“Romanticismo”
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular), arremetió contra los opositores a una nueva ley forestal y culpó a las ONG extranjeras por no involucrarse realmente en la apertura de la Amazonía a actividades económicas y de formalización.
“Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que estas organizaciones extranjeras lo único que han hecho es que el Estado no forme parte de las acciones que debería haber realizado para ponerle un freno a la deforestación. El romanticismo de hablar sobre el tema medioambiental estuvo de moda durante mucho tiempo. Hablar de cuidar el medioambiente suena bonito, pero cuando uno aterriza lo que se tiene que hacer, aparecen grandes diferencias en el punto de vista”, dijo ante algunos congresistas.
Desde el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) cuestionaron las palabras del congresista Alegría por desacreditar a la conservación y “abrir paso a mayores actividades extractivas”.
