La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) tiene un plazo para revisar los impuestos de una empresa y determinar si tiene alguna deuda pendiente.
Pero ¿qué pasa si ese plazo ya venció y la empresa nunca solicitó que se reconozca la prescripción? ¿La Sunat todavía puede exigirle el pago de una deuda correspondiente a varios años atrás?
Esta situación ha generado controversia a raíz de una reciente resolución del Tribunal Fiscal (TF), que analizó el caso de una compañía que cuestionó unas deudas tributarias del 2013, al considerar que la Sunat había actuado fuera del plazo permitido. El pronunciamiento abre una discusión sobre cuándo pueden los contribuyentes hacer valer la prescripción y qué sucede si recién la solicitan después de recibir una resolución de la entidad.
Caso analizado por el Tribunal Fiscal
El caso se originó por una fiscalización que la Sunat inició en diciembre de 2018 a una empresa por sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) de enero a noviembre de 2013. Como resultado de esa revisión, en diciembre de 2020 la entidad notificó varias resoluciones de determinación.
Vale decir que estas resoluciones son un acto administrativo que informa al deudor tributario sobre el resultado de la labor de control del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y establece la existencia de un crédito o deuda tributaria.
Sin embargo, la empresa no estuvo de acuerdo y presentó una reclamación en enero de 2021. Su argumento era que la administración tributaria había actuado demasiado tarde: según sus cálculos, el plazo de cuatro años que tenía para determinar esas obligaciones había vencido a inicios de 2018, meses antes de que comenzara la fiscalización.
Al revisar la controversia, el TF identificó un punto clave: la empresa recién había solicitado la prescripción después de recibir las resoluciones de la Sunat. Para la mayoría de sus integrantes, esto era determinante porque, al notificar dichas resoluciones, la entidad ya había ejercido su facultad para establecer las obligaciones tributarias.
Por tanto, consideraron que no correspondía declarar la prescripción de una facultad que ya había sido utilizada, incluso si el plazo legal había vencido antes. Bajo esta interpretación, la posibilidad de alegar la prescripción en cualquier etapa del procedimiento no significa que necesariamente pueda ser reconocida.
Finalmente, mediante la Resolución N.º 06447-13-2026, el tribunal declaró improcedente el pedido de prescripción de la empresa, sin llegar a determinar si el plazo había vencido antes de que la Sunat iniciara la fiscalización. No obstante, la decisión tuvo un voto discrepante: uno de los vocales consideró que el plazo efectivamente había vencido a inicios de 2018 y que, por tanto, correspondía dejar sin efecto las resoluciones cuestionadas.
La controversia, entonces, no giró únicamente en torno a cuánto tiempo tenía la Sunat para actuar, sino también a cuándo debía la empresa solicitar la prescripción para que pudiera ser reconocida.
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¿Un cambio de criterio del Tribunal Fiscal?
Víctor Valdez, socio de Valdez, Vera & León, explicó que la reciente resolución no introduce necesariamente un criterio nuevo. La mayoría de la Sala 13 cita seis pronunciamientos desde 2018 que respaldan su interpretación. Sin embargo, existen otras resoluciones del propio tribunal que han admitido la prescripción alegada después de notificadas las resoluciones de determinación.
Como ejemplos, mencionó las RTF N.º 00799-10-2023 y N.º 04064-3-2024, en las que se examinó la prescripción invocada durante la reclamación y se dejaron sin efecto las resoluciones cuestionadas. Asimismo, destacó que la RTF N.º 00226-Q-2016, de observancia obligatoria, permite examinar la prescripción incluso en vía de queja, bajo determinadas condiciones.
Valdez precisó que la resolución de 2026 reafirma una interpretación restrictiva, pero no constituye jurisprudencia de observancia obligatoria. Por tanto, consideró necesario uniformizar los criterios del TF.

¿Se está desnaturalizando la prescripción?
Juan José Assereto, socio de Zuzunaga & Assereto Abogados, cuestionó duramente la interpretación de la mayoría del TF, al considerar que podría vaciar de contenido la prescripción como mecanismo de protección de los contribuyentes.
Según explicó, la prescripción se produce por el transcurso del plazo establecido en la ley. Por ello, cuando un contribuyente solicita que sea reconocida, no está creando un nuevo derecho, sino pidiendo que se reconozca que la Sunat ya había perdido su facultad para actuar.
El problema, advirtió, es que el tribunal estaría condicionando ese reconocimiento a que el contribuyente lo solicite antes de que la Sunat notifique una resolución de determinación.
Para Assereto, esto convierte el vencimiento del plazo en una especie de carrera entre la administración tributaria y el contribuyente, en la que prevalecería quien actúe primero, incluso cuando la Sunat haya dejado transcurrir el tiempo que tenía para determinar la obligación.
Valdez coincidió con esta crítica. A su juicio, la mayoría está incorporando una condición que no aparece en el artículo 48 del Código Tributario, que permite invocar la prescripción en cualquier etapa del procedimiento administrativo o judicial.
El especialista sostuvo que, si una empresa presenta oportunamente una reclamación contra una resolución de determinación, corresponde examinar si la Sunat actuó dentro del plazo legal, en lugar de rechazar la prescripción únicamente por el momento en que fue alegada.
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Peligro para la seguridad jurídica de las empresas
Más allá del caso concreto, los especialistas advirtieron que esta interpretación podría generar incertidumbre sobre el tiempo durante el cual las empresas permanecen expuestas a revisiones de la Sunat.
Assereto explicó que la prescripción no existe simplemente para beneficiar a quienes mantienen obligaciones pendientes, sino para garantizar que las controversias tributarias tengan un límite temporal. De lo contrario, una empresa podría permanecer durante años sin saber si la administración tributaria volverá a revisar operaciones de ejercicios anteriores.
Bajo el criterio cuestionado, sostuvo, la Sunat podría determinar una obligación después de vencido el plazo legal y el contribuyente perdería la posibilidad de alegar la prescripción si no la solicitó antes de recibir la resolución correspondiente.
Valdez advirtió que esta incertidumbre tendría consecuencias concretas para las empresas, pues dificultaría determinar cuándo pueden considerarse cerrados determinados ejercicios tributarios.
Asimismo, señaló que podría complicar el cálculo de provisiones contables y la identificación de contingencias tributarias en operaciones de compraventa de empresas, donde resulta necesario establecer qué obligaciones o riesgos siguen pendientes.
El especialista agregó que el razonamiento de la mayoría también alcanza a la facultad de imponer sanciones, lo que podría ampliar sus efectos. Para ambos abogados, la aplicación generalizada de esta interpretación podría incrementar los litigios tributarios.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes?
Valdez recomendó que las empresas mantengan un control de sus plazos de prescripción, considerando las posibles interrupciones o suspensiones. Si reciben una resolución de determinación que consideran fuera de plazo, sostuvo que deben alegar la prescripción en su reclamación y presentar las pruebas correspondientes.
También explicó que, agotada la vía administrativa, pueden acudir al Poder Judicial. Como medida preventiva, planteó evaluar solicitudes de prescripción cuando existan contingencias concretas y el plazo legal haya vencido.
No obstante, Assereto advirtió que aplicar estrictamente este criterio llevaría a las empresas a solicitar periódicamente el reconocimiento de la prescripción de sus obligaciones, incluso sin fiscalizaciones en curso, algo que considera poco razonable.
Finalmente, Valdez propuso que la Sala Plena del Tribunal Fiscal intervenga para resolver las diferencias jurisprudenciales y establecer un criterio de observancia obligatoria.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.

