Puerto de Chancay: Congreso podría abrir puerta para que Ositrán pueda fiscalizarlo, ¿cómo?

El diputado Arturo Eusebio Padilla, del partido Cívico Obras, presentó una proposición legislativa (00637-2026 2031-CD) que plantea blindar al regulador frente a los cuestionamientos del terminal operado por Cosco Shipping, de capitales chinos, sobre su capacidad para supervisar su inversión en Perú.

Especialistas indican que, de tener “suerte” en el Poder Legislativo y volverse ley, el proyecto “chocaría” con la decisión pendiente del Tribunal Constitucional (TC) que aún debe pronunciarse sobre esta materia.

Más poder al Ositrán

El planteamiento de Eusebio Padilla parece sencillo: modificar un artículo de una norma y extender el campo de acción del Ositrán. Pero, en realidad, implicaría un cambio clave.

Específicamente plantea modificar el artículo 4 de la Ley N.º 26917, que establece las reglas de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo.

Esta es, en términos sencillos, la disposición legal que creó al regulador y está vigente desde 1998, años antes que nazca la Ley del Sistema Portuario Nacional, en 2003.

El extremo de esa ley al que el diputado ha puesto bajo su mira aborda el ámbito de competencia del Ositrán. El cambio que propone habilitaría a la entidad a ejercer sus funciones más allá de las concesiones e infraestructura nacional de transporte de uso público, como es al día de hoy.

“La titularidad privada de la infraestructura de transporte de uso público o la inexistencia de un contrato de concesión no excluyen ni limitan la competencia de Ositrán respecto de las entidades prestadoras comprendidas en el presente artículo”, sería el párrafo completo que agregaría el diputado a esta artículo de la Ley N.º 26917.

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Apuntan directamente a Chancay

En su exposición de motivos, el diputado de Obras no esconde que su proyecto de ley nace debido a la reciente controversia entre Cosco Shipping y Ositrán por la regulación, supervisión y fiscalización sobre el puerto de Chancay.

“Este caso en concreto trasciende a una problemática mayor, de relevancia nacional, donde tiene que quedar claro que por más que una infraestructura de transporte haya sido construida con capital privado, no es un área insular, sino sigue encontrándose dentro del territorio peruano y; por ende, se encuentra sujeta a sus leyes”, señala allí.

Como se recuerda, a finales de agosto, Cosco Shipping anunció que presentó un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) ante el TC para que este tribunal revise un fallo del Poder Judicial (PJ) de julio.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia que había dado la razón inicialmente a la empresa china, respecto a que Ositrán no podía ejercer su competencia sobre el puerto de Chancay.

A falta de que el TC se pronuncie, en una parte de su proposición legislativa, la propuesta recalca que busca resolver el “vacío legal” que originó toda esta disputa en tribunales. Gestión buscó a Cosco Shipping para tener mayores comentarios del tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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¿Cambio a reglas de juego afectaría inversión portuaria?

A criterio de especialistas consultados por Gestión, aunque la propuesta puede tener buenas intenciones, no está libre de problemas.

Para Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el principal inconveniente es que la proposición legislativa es explícitamente una potencial ley con nombre propio.

A criterio del vocero de la CCL, ello representa un grave peligro para todo el sistema portuario nacional, ya que podría tomarse como un cambio a las condiciones legales para afectar, a su criterio negativamente, una inversión en curso que no nació como una concesión.

“¿Dónde queda el rol de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)? Existe y debería tener más atribuciones. Pero ahora quieren agregar más controles a un sector ya regulado, en este caso puertos. Los chinos, junto a un socio peruano, hicieron Chancay desde cero. Para eso revisaron toda la legislación, los tributos y demás. Nadie puede cambiar después las reglas de juego", reclamó.

Precisamente Ego-Aguirre recordó que con la APN a la cabeza, son más de 15 las entidades públicas que ya supervisan al puerto de Chancay y sobre las que no hay ninguna oposición de parte de Cosco Shipping.

En ese sentido, recomendó que, si el Congreso pretende usar el caso de Chancay como ejemplo, que evalúe mejor darle mayores facultades sancionadoras a la APN.

Caso contrario, y con el planteamiento original de Obras, podrían frenar la inversión total del plan maestro de Cosco para este terminal. Su plan maestro contempla una inversión total de US$ 3,500 millones, de los cuales ya destinaron poco más de US$ 1,300 millones para la primera etapa, hoy operativa.

“De aprobarse esto así, si yo fuese Cosco diría: hasta acá no más invierto yo (...) No solo ellos, cualquier sector pensaría igual. No podemos caerle encima a la inversión extranjera justo cuando ya se hizo realidad”, advirtió.

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No resolvería “problema” de fondo sobre Chancay y Ositrán

Desde otra mirada, Patricia Benavente, expresidenta del Ositrán, tampoco aprobó la idea de Obras. A su criterio, está mal enfocado para el asunto que pretende resolver.

“La discusión sobre Chancay no es si tiene un contrato de concesión o es de propiedad pública o privada. El inconveniente central es si participa o no de un mercado regulado donde, en ese caso, caes bajo competencia de Ositrán. Ese es el tema de fondo, no lo aborda el proyecto de ley, y falla de forma sustancial”, consideró.

Benavente indicó que lo propuesto por Eusebio Padilla obligaría al Ositrán a regular también a los terminales portuarios privados, ya que al no limitar el accionar del regulador a las Asociaciones Público-Privadas (APP), mejor conocidas como concesiones, también las alcanzaría. Esto en referencia, por ejemplo, a los puertos construidos por las mineras para despachar su mineral.

Justamente sobre ello, Benavente recordó que los organismos reguladores, incluido Ositrán, está bajo el foco del Ejecutivo y Legislativo hace meses. El Gobierno de José Balcázar dejó un crédito suplementario por S/ 4,160.3 millones, donde también se limitó el rol de los organismos reguladores sobre las APP, por inclusión del Congreso.

Como contó Gestión, en dicha ley se incluyó que entidades como Ositrán ya no opinen sobre contratos previos a su adjudicación, ni siquiera en aspectos tarifarios, lo que alcanzaría a sus potenciales adendas.

Ya en este Parlamento, y como también informó este Diario, Renovación Popular busca revertir este cambio con otra proposición legislativa e incluso expandir el rol de los organismos reguladores sobre las APP.

“Siempre las empresas reguladas podrán no gustar de las opiniones de los reguladores. Pero eso no puede implicar que, por intereses o presión, se elimine totalmente su función”, dijo Benavente.

SOBRE EL AUTOR

Alessandro Azurín

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro y Conductor de "En Clave Económica" en Gestión Mundo (YouTube). Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en desarrollo de proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad.