
Durante años, la deuda ha sido un partido que Universitario juega fuera de la cancha. Mientras el equipo buscaba destacar en lo deportivo, el club arrastraba un proceso concursal iniciado en 2012, una deuda que llegó a superar los S/ 400 millones y una disputa entre sus principales acreedores, Sunat y Gremco. Ahora, cuando la ‘U’ viene de tres títulos nacionales consecutivos y de construir una operación comercial con nuevos auspiciadores, estadios llenos y mayores fuentes de ingresos, una resolución judicial vuelve a poner ese conflicto sobre la mesa. La pregunta ya no es solo cuánto debe Universitario, sino qué puede pasar con el negocio que se ha construido alrededor del club.
¿Cómo llegó la ‘U’ a este punto?
Universitario ingresó al proceso concursal en 2012, principalmente por la deuda tributaria que mantenía con Sunat. Sin embargo, Gremco pasó a convertirse en otro de sus principales acreedores después de que Indecopi reconociera su acreencia comercial. Con ello, la disputa por el manejo del club quedó concentrada principalmente entre ambos acreedores.
Ese escenario cambió en 2021. La Ley 31279 suspendió provisionalmente el procedimiento concursal de los clubes de fútbol y, en el caso de Universitario, dejó en suspenso las facultades de la Junta de Acreedores y de su administración concursal.
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Ese cambio fue importante porque sacó temporalmente al cuadro crema de la dinámica habitual de un proceso concursal. “Universitario de Deportes está dentro de un régimen especial, que tiene algunas características particulares: entre otras, que no se puede cambiar la administración, no se puede convocar a Junta de Acreedores y se suspenden las facultades de la Junta”, explicó a Gestión Francisco Barrón, abogado especialista en derecho concursal del estudio De Piérola, Pizarro, Barrón.
Posteriormente, la Ley 32113 estableció un nuevo esquema para los clubes: los llamados planes de viabilidad, con los que podían ordenar el pago de sus obligaciones en un plazo de hasta 30 años.
En diciembre de 2024, Sunat aprobó el plan de Universitario. El esquema considera una deuda de alrededor de S/415 millones y contempla un horizonte máximo de 30 años, aunque con la posibilidad de adelantar pagos si los ingresos del club lo permiten. El club empezó a ejecutar ese plan en marzo de 2025
¿Qué decidió el Poder Judicial?
El 20 de agosto, el 24.º Juzgado Contencioso Administrativo concedió una medida cautelar solicitada por Gremco. La decisión levanta provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario y ordena adoptar las medidas necesarias para que se convoque y desarrolle una Junta de Acreedores. Pero hay una precisión importante: esto no significa que Gremco haya tomado el control del club.
“Entendería que más que recuperar la administración, lo que hace esta resolución es levantar la suspensión del procedimiento concursal. Entonces, se retrotrae todo al año 2021”, indicó Anthony Lizárraga, abogado especialista en derecho concursal del estudio Múñiz, a Gestión.
“¿Qué cosa era el año 2021? Había un presidente de Junta de Acreedores, que era Gremco, y había un administrador concursal en su momento. Entonces, todo eso se retrotrae a esa fecha. No es que Gremco toma el control. Quien tomaría el control es el administrador concursal”, agregó.
La medida, además, es provisional. “Esta decisión no es definitiva, puede variar en el tiempo”, explicó Francisco Barrón. Lo que se abre ahora es una nueva discusión: qué hará la Junta de Acreedores y quién terminará administrando el club.
Gremco vuelve al tablero
Gremco tiene un peso determinante porque la resolución reconoce que es el acreedor mayoritario, con más del 50% de las acreencias. Eso le da una capacidad importante de decisión, aunque no absoluta.
“Gremco tiene el porcentaje para nombrar a un administrador concursal”, señaló Lizárraga. Sin embargo, algunas decisiones requieren porcentajes mayores. “No pueden, por ejemplo, modificar el plan de reestructuración que estaba vigente en el procedimiento concursal, porque para eso se necesita más del 66% de los acreedores”, precisó.
Por ello, el siguiente hito será la convocatoria de la Junta. Lizárraga estima que, considerando los plazos de convocatoria y posteriormente la inscripción de un eventual administrador, el proceso podría tomar alrededor de dos meses.
Y hay una posibilidad que resulta particularmente relevante para el negocio: que la Junta termine ratificando a la administración actual, aunque Lizárraga advierte que ese escenario no sería sencillo por cómo se ha dado la relación entre los actores.

¿Y qué significa esto para el negocio de la ‘U’?
Aquí está el principal riesgo: la incertidumbre. “Comercialmente hablando, si esta medida cautelar se está ingresando a Registros Públicos, van a cambiar los poderes. Es decir, ya no sería esta administración actual, sino la anterior”, manifestó Lizárraga.
“Estamos hablando de que esta actual administración no tiene poderes para firmar nada. Entonces sí va a haber un impacto comercial al club, hasta ver quién sería el administrador, qué es efectivamente lo que se inscribe en Registros Públicos”, añadió.
Eso no significa que el campeonato, los auspicios vigentes o la operación cotidiana del club vayan a detenerse. Pero sí puede complicar nuevos contratos, inversiones y proyectos que todavía estén en negociación o requieran compromisos de mediano y largo plazo.
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“Hay cosas que no pueden detenerse: el campeonato, torneos internacionales, cumplir con los sponsors. Eso tiene que caminar porque si no hay penalidades. Pero hay otros proyectos de mediano o largo plazo que probablemente sí puedan paralizarse”, sostuvo Lizárraga.
Barrón pone el mismo problema en términos empresariales. “La palabra clave aquí es incertidumbre. Cuando hay claridad respecto de las políticas que se siguen, hay objetivos claros, objetivos a largo plazo, obviamente (los agentes económicos) están mucho más interesados en otorgar patrocinios, hacer inversiones y una serie de cosas. Cuando las empresas están en una situación de incertidumbre puede generar algunas complicaciones”, subrayó.
La eventual llegada de un nuevo administrador también podría poner bajo revisión los proyectos que Universitario viene desarrollando. “Pueden cambiarse muchas cosas: desde la forma como se están pagando los acreedores, las políticas con los acreedores corrientes y también las políticas comerciales y deportivas. Si hay decisiones que se han adoptado y que están funcionando en la práctica, no habría ninguna justificación para no seguir aplicándolas”, mencionó Barrón.
Para Víctor Zaferson, gestor deportivo y comunicador, la incertidumbre administrativa no debería hacer que Universitario pierda de vista el desarrollo de su negocio. “La ‘U’ ya tiene la infraestructura necesaria para explotar proyectos deportivos y de entretenimiento”, dijo a Gestión. A su juicio, el club debería trabajar esos activos con proyectos de corto, mediano y largo plazo, además de fortalecer la captación de hinchas a nivel internacional y el desarrollo de jugadores como una fuente adicional de ingresos.
¿Qué hará Universitario?
La administración de Franco Velazco ya adelantó que buscará impugnar la medida cautelar y recurrir a las instancias correspondientes. En declaraciones a L1 MAX, Velazco cuestionó la decisión judicial y sostuvo que el club tomará acciones legales para defender el régimen bajo el cual viene operando.
El abogado del club, Adrián Gilabert, también cuestionó la interpretación de la resolución en sus redes sociales y defendió la permanencia de Universitario dentro del régimen especial.
Para un empresario o potencial inversionista interesado en Universitario, Lizárraga dice que hay un dato que mirar por encima del resto: “La convocatoria de Junta de Acreedores”.

“Si yo fuese empresario o alguien interesado comercialmente del club, miraría eso, cuáles serían los puntos de agenda”, señaló. Ahí se sabrá si se discutirá la permanencia en el régimen del plan de viabilidad, el retorno al procedimiento concursal y, eventualmente, quién administrará el club.
Universitario llega a esta disputa en una situación con tres títulos consecutivos, una operación comercial en expansión y un plan de viabilidad que ya empezó a ejecutar pagos de una deuda que durante años parecía inmanejable.
La resolución no borra ese avance. Pero sí introduce una variable que el negocio necesita evitar: no saber quién tendrá la capacidad de decidir sobre el siguiente capítulo de crecimiento de la ‘U’.







