El Congreso de la República pone bajo la lupa los precios de los medicamentos. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se sustentó un proyecto de ley que busca reducir los precios que pagan los afiliados a un seguro de salud privado.
El cuestionamiento surge pues los precios que se fijan en las farmacias de las clínicas pueden resultar hasta 14 veces superiores a los precios de mercado registrados en el resto de farmacias privadas, indica la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, presentada por el congresista de Fuerza Popular, Diethell Columbus.
Por ello, a pesar de que un asegurado accede a descuentos de precios de entre 70% a 80%, el precio final a pagar por los medicamentos en muchos casos resulta superior a los fijados en las farmacias externas, criticó Columbus, quien sustentó el proyecto de ley en la citada comisión, en la sesión realizada el pasado 6 de octubre. Es decir, un consumidor puede pagar más por medicamentos que una persona que compra el mismo producto sin seguro, remarcó.
Frente a este escenario, el proyecto de ley (N°184-2026-2031) dispone que los precios de los medicamentos se fijen según un indicador de referencia público: “El precio base utilizado por las farmacias de los establecimientos de salud privados para calcular descuentos, coberturas, copagos o coaseguros debe tomar como referencia el precio referencial de mercado publicado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para el mismo medicamento, laboratorio, concentración, forma farmacéutica y presentación”, señala la propuesta legislativa.
Cabe anotar que las diferentes farmacias y boticas del Perú están obligadas a reportar a la Digemid los precios de venta de sus diferentes medicamentos.
Como era de esperarse, el proyecto de ley genera controversia. Para Jesús Espinoza, socio senior en el estudio Muñiz y especialista en temas de libre competencia, la medida resultaría inconstitucional, pues implicaría un control de precios.
“Se busca que en las negociaciones entre los seguros y las clínicas, para la compra de medicamentos, se tome la referencia del precio publicado por Digemid. Hoy, cuando se negocia, hay libertad de precios. Entonces, la medida es una suerte de control de precios”, subrayó Espinoza, quien también fue director en el Indecopi.
“De acuerdo a nuestro modelo constitucional económico, está prohibido que el Estado pueda regular o intervenir en los precios. El proyecto estaría interfiriendo indebidamente en la libertad que tienen las partes para fijar los precios. Se estarían regulando los precios, la propuesta sería inconstitucional”, remarcó Espinoza.
Por su parte Roberto Shimabukuro, especialista en temas de protección al consumidor y socio de Monroy & Shima Abogados, refiere que tal como está redactado el proyecto de ley, no garantiza que el precio final baje. “Obliga a usar el precio de Digemid como referencia para los cálculos, pero no ordena vender a ese precio ni fija un tope”, subraya.
Por ello agrega que el proyecto debería precisar si el precio de Digemid solo sirve para transparentar y comparar el cálculo o si puede determinar el monto de los descuentos, coberturas, copagos y coseguros.
“También se tendría que aclarar qué ocurre cuando el precio utilizado por la clínica difiere del publicado por Digemid. Además, definiría cómo se comparan los productos, qué hacer cuando no haya información suficiente y cómo se actualizarán los datos. Si la referencia va a incidir obligatoriamente en los cobros, el proyecto debería explicar por qué es necesaria y adecuada para el objetivo perseguido, y por qué no bastaría una alternativa menos restrictiva”, sostuvo Shimabukuro.
Sobre la viabilidad jurídica, Shimabukuro remarca que la clave está en el efecto real de la norma. “La Constitución no prohíbe de forma absoluta toda intervención estatal en precios, pero el Tribunal Constitucional exige que sea justificada, adecuada, necesaria y proporcional. Si el dato de Digemid solo informa, la intervención es leve. Si determina el cobro, puede ser una regulación indirecta de precios y tendría que superar ese examen”, agregó.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
