Pese a los cuestionamientos, el Congreso de la República aprobó, por insistencia, una ley que establece un aumento de las pensiones para profesores jubilados y cesantes.
Ya Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), había advertido a Gestión que esta norma en particular demandaría un costo de S/ 5,600 millones cada año para el Estado. A pesar de no tener asegurado ese financiamiento, el Poder Legislativo decidió insistir con la propuesta, dándole 69 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
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¿Qué aprobó el Congreso a favor de los docentes jubilados y cesantes?
Así, establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial perciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, que asciende a S/ 3,300.
Este incremento será aplicable para los profesores de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, bajo los Decretos Leyes 19990, 20530, así como para afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), y la Ley 29944.
Según el propio documento, hay 162,000 maestros jubilados con una pensión promedio de S/ 800. Es decir, los egresos del Estado cada mes son S/ 129.6 millones, con un costo anual de S/ 1,555.2 millones. Tomando el mismo número de jubilados, con una pensión promedio de S/ 3,300, los egresos mensuales serían de S/ 534.6 millones, es decir, un costo anual de S/ 6,415.2 millones, dejando atrás incluso la estimación del CF.
Aun con estas cifras, para el Congreso no implica un gasto adicional directo al erario nacional porque, argumenta, “la fuente de la estimación proyectada está en los impuestos cobrados a las instituciones educativas privadas, así como el impuesto a la quinta categoría que actualmente se cobra a los docentes en ejercicio”.
Según el propio documento, hay 162,000 maestros jubilados con una pensión promedio de S/ 800. | Foto: Andina
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Las dudas del Ejecutivo y la preocupación del Consejo Fiscal
Al respecto, el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte se había opuesto a la propuesta porque aseguraba que “rompe la uniformidad” de los esquemas pensionarios. Es más, ya desde mayo del año pasado, cuando se aprobó recién en Comisión de Economía del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu) se opusieron, enviando opiniones técnicas.
“El Congreso de la República no puede utilizar su facultad de iniciativa legislativa para crear o incrementar el gasto de recursos, toda vez que dicha facultad constitucionalmente le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo”, subrayó en su autógrafa de octubre.
En una nueva conversación con Alonso Segura, el presidente del CF manifestó a Gestión que, junto a otras medidas también recientemente aprobadas por el Congreso, esperan que el Ejecutivo discuta su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC). Consideró también que el Legislativo ha decidido, en esta última legislatura, ignorar los límites constitucionales que le marca el artículo 79.
“Son S/ 3,000 millones [al año] por darle CTS y gratificación a los CAS, S/ 3,800 [en el largo plazo] por los cambios a la Caja Militar y Policial y S/ 5,600 de esta aprobación. Pero hay otras más, como la del CAFAE. De hecho, hemos identificado otras 3 que no tiene cuantificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hicimos un cálculo muy general de S/ 2,000 millones. La idea es que se observen todas los proyectos que se puedan y en las otras elevarlas al TC“, indicó.
La iniciativa, contenida en los proyectos de ley 3864/2022-CR, 4786/2022-CR, entre otros, sostiene que busca corregir las brechas y desigualdades previsionales que por años afectaron a los docentes del país. | Foto: Andina
Alerta por mecanismo de reajuste permanente
A inicios de octubre del 2025, el entonces Gobierno de Dina Boluarte destacó como una de las principales observaciones sobre esta iniciativa el establecimiento de “una vinculación automática entre la pensión y la remuneración del personal en la actividad”. Alertaron de un “reajuste” constante.
“Al enlazar directamente el monto de la pensión a la remuneración de la primera escala de un docente en actividad, se introduce un mecanismo de reajuste permanente cada vez que se incremente la RIM de dicha escala”, se lee.
En el documento que remitieron al Congreso, entonces presidido por José Jerí, sustentar que esta disposición configura un esquema de ‘cédula viva’, “dado que genera un efecto espejo entre el ingreso del pensionista y del trabajador en actividad”.
