La primera ministra, Denisse Miralles, subrayó recientemente que la Nueva Carretera Central (NCC) no se financiará solo con recursos públicos.
“La estimación [de inversión] actual -que nos comentó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)- es de S/ 30,000 millones. Pero, la viabilidad de ese proyecto hace algunos años se dio con S/ 12,000 millones”, alertó Miralles en conversación con RPP.
La primera ministra, Denisse Miralles, subrayó recientemente que la Nueva Carretera Central (NCC) no se financiará solo con recursos públicos. (Foto: Andina)
Pese a lo mencionado, el Congreso de la República tendría otros planes. Un proyecto de ley presentado por el congresista de Bloque Democrático Popular, Edgard Reymundo Mercado, busca asegurar el financiamiento y ejecución de la carretera.
“[...] el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá implementar mecanismos de asistencia técnica especializada, incluyendo la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO), así como celebrar convenios de gobierno a gobierno u otros instrumentos de gestión permitidos por la normativa vigente", refiere el texto.
Esto no cambia el panorama pues actualmente el proyecto ya está bajo G2G y tiene un PMO. Entonces, ¿dónde está la clave?
La propuesta congresal limitaría que la NCC pase a la modalidad de Asociación Público-Privada (APP): “La ejecución del proyecto no podrá realizarse bajo las modalidades de concesión, APP ni iniciativa privada cofinanciada o autofinanciada que impliquen la transferencia de la titularidad, gestión integral o explotación económica de la infraestructura al sector privado”.
El proyecto aún deberá pasar por comisiones y el pleno del Congreso. (Foto: Andina)
¿Cómo se financiaría la NCC?
La iniciativa legislativa plantea tres opciones: autorización de emisión de bonos, creación de un Impuesto a la Sobreganancia Minera, y la asignación de recursos para la ejecución de la Nueva Carretera Central.
Sobre el segundo punto, vale la pena hacer un zoom a la propuesta: “Créase el Impuesto a la Renta Extraordinaria Minera (IREM), de carácter nacional y naturaleza permanente, independiente del Impuesto a la Renta, de las regalías mineras y de cualquier otro gravamen aplicable a los titulares de actividad minera metálica que generen rentas extraordinarias derivadas del aprovechamiento de recursos naturales no renovables”.
Y sobre la asignación de recursos, especifica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá transferir en el primer trimestre del año siguiente al de la recaudación el 3% del total del Impuesto General a las Ventas (IGV) generado en las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco; a la cuenta especial del Tesoro Público.
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Consejo de Seguimiento y Control
Para darle seguimiento a lo mencionado, el proyecto de ley propone la creación del Consejo de Seguimiento y Control. Este consejo se conformaría por los gobernadores de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco, así como a los ministros de Transportes y Comunicaciones y Economía y Finanzas. La sociedad civil también formará parte.
