En reñidos y accidentados comicios, la lideresa de Fuerza Popular y su contrincante en la segunda ronda, buscarán poner fin a 10 años precedentes de inestabilidad política, con ocho presidentes en ese periodo, de crisis de representatividad de la clase política, del Legislativo y Ejecutivo.
Tal como anticipó el sábado el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fueron las elecciones más complejas de la historia. No se equivocó. Ayer, Antes de las 8 am, esa institución informó que la distribución de material electoral en algunas zonas de Lima había sufrido un retraso, por lo que la instalación de algunas mesas de votación demoró y provocó el malestar de miles de electores.
La situación escaló y provocó la reacción inmediata de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, partidos políticos y gremios empresariales, quienes exigieron a las autoridades electorales cumplir sus funciones según lo que prescribe la Constitución (ver nota vinculada)
El incidente empañó el proceso. Las agrupaciones políticas exigieron, en tono duro, ampliar las elecciones para no restarle legitimidad y legalidad a las mismas.
La ONPE indicó que iniciará acciones legales y penales contra la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución del material electoral en Lima Metropolitana. El órgano electoral precisó que la compañía no cumplió con el compromiso de entregar oportunamente el material ni los equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio.
Aseguró que Galaga “no contó con la cantidad requerida de vehículos”. Sin embargo, anteriormente, la ONPE sancionó tres veces a esa misma empresa.
Tras la retahíla de cuestionamientos y poco antes de las 8 pm, Yessica Clavijo, secretaria del JNE, anunció que las elecciones culminarán hoy lunes a las 6 pm, para permitir que las 52,261 (0.2% del padrón de votantes) que no pudieron sufragar, lo hagan.
Las encuestadoras tuvieron que retrasar la divulgación del sondeo de conteo rápido –que es más certero, pues el margen de error es de 1%-. Esto dieron a Fujimori el 16.8% de los votos; a Rafael López Aliaga, el 12.9%; a Jorge Nieto, 11.6%, y a Ricardo Belmont, 10.1%%, según Datum.
De acuerdo con Ipsos, en boca de urna, el orden fue: Fujimori (16.6%), Sánchez (12.1%), Belmont (11.8%), López Aliaga (11%) y Nieto (10.7%).
Fiscalía y Policía intervinieron a la ONPE.
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Descreimiento de la población
Los dos que pasen al repechaje afrontarán y deberán convencer a la población sobre sus propuestas para encarar la crisis de inseguridad, deterioro de la institucionalidad, el avance del crimen organizado, de las economías ilegales y la corrupción, con un cuarto de los peruanos sumidos en la pobreza.
Además, enfrentarán el acentuado descreimiento de la población en sus autoridades –más de la mitad no confía en las que están encargadas de las elecciones, porcentaje que de seguro subirá tras el tropiezo de ayer-, y el deterioro de la gestión pública, con un Estado que no cumple con los mandatos mínimos que la Constitución determina: seguridad, educación, salud e infraestructura básica.
Ante esos graves déficits, Keiko Fujimori tiene como su enseña principal el orden –apoyándose en que una parte de la ciudadanía atribuye a su padre, Alberto, la derrota del terrorismo en los 90-, que le permita hacer retroceder a la incesante criminalidad, ola de extorsiones y las economías ilegales.
Entre otras propuestas de su plan de Gobierno, la candidata prevé generar hasta US$ 7,000 millones adicionales en inversiones privadas cada año, con la consiguiente creación de más de 500,000 nuevos empleos formales. A la vez, plantea que parte del canon minero se distribuya a la población de las zonas aledañas.
López Aliaga propone la creación de una Central de lucha contra la corrupción (CCC) con plenos poderes para combatir el delito en flagrancia. Propone una “intensiva simplificación administrativa”, la reducción del número de ministerios existentes de 18 a solo seis y la meritocracia en el servicio público. Sin embargo, también planea un ferrocarril de Tumbes a Tacna, con un costo de S/ 40,000 millones.
En las antípodas, Juntos Por el Perú y Obras se manifestaron a favor de cambiar la Constitución, lo que afectaría la inversión privada al elevar la incertidumbre sobre las reglas de juego y la estabilidad jurídica. Además, se oponen a reestructuración de Petroperú, para el que el actual gobierno ha propuesto un salvataje de S/ 6,800 millones, y cuestionan la autonomía del BCR.
Fujimori y López Aliaga tienen bolsones importantes de votantes en Lima.
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El péndulo funcionó
El partido Buen Gobierno, de Jorge Nieto, planteaba derogar las leyes “procrimen”, pues considera que han debilitado la capacidad del Estado para sancionar y prevenir el delito. En esa línea, propone una comisión especial para revisar la legislación penal. En lo económico resalta su planteamiento para elevar impuestos.
Un balotaje entre Fujimori y López Aliaga será recibido con beneplácito por los mercados, que hoy reaccionarán positivamente a este cambio de péndulo –cíclico en la región, con los precedentes de Argentina, Chile y Ecuador-. Sin embargo, este impacto inicial podría ser mediatizado por otro hecho coincidente, pero de orden mundial: la reanudación de las hostilidades entre EE.UU. e Israel contra Irán, luego de que Washington y Teherán no llegaran a un acuerdo de paz en su reunión del fin de semana en Paquistán.
