A partir de octubre de este año, los fondos mutuos, fondos de inversión y fideicomisos (que entran en la categoría de entes jurídicos) están obligados a seguir nuevas disposiciones. Aquí te contamos cuáles son.
Los entes jurídicos deben reportar ahora a la Sunat una declaración de sus beneficiarios finales. La obligación viene siendo postergada varias veces, pues la norma data del 2018. Su objetivo, según la propia ley, es fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, así como el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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“Tradicionalmente, los sistemas de prevención de lavado de activos han estado enfocados en identificar justamente el lavado de activo y el financiamiento al terrorismo. Pero la OCDE ha incorporado nuevos principios que son la evasión tributaria y facilitar el intercambio automático de datos con otros países. En ese sentido, se ha redefinido el concepto de beneficiario final”, detalló Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú.
“Por eso la regulación de todos los países del mundo están adecuando sus sistemas PLAFT ( Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) a este nuevo objetivo que en el Perú se ha encargado a la Sunat”, añadió.
Sunat centraliza la información, la custodia y eventualmente la comparte con otros países en el marco de los convenios de reciprocidad, dijo.
Declaración jurada
El reciente procedimiento incluye una nueva declaración jurada en la que el inversionista del fondo debe declarar si es beneficiario final, o si hay alguna tercera persona que le ha encargado, por el motivo que fuera, realizar esa inversión, precisó Osorio.
“De este modo, se hace más transparente quién se beneficia económicamente y eso puede dar información importante para identificar eventualmente lavado de activos”, sostuvo.
“Antes se hacía la debida diligencia, pero no se entregaba a nadie la información, sino que se tenía a disposición para cuando la UIF lo pidiera. Ahora hay que entregarlo cada vez que hay un cambio”, enfatizó.
Es decir, cada vez que un partícipe entra o sale de un fondo mutuo, esto debe ser reportado a la Sunat.
Beneficiario final
El beneficiario final (del fondo de inversión o fondo mutuo) es toda persona que posee un derecho económico sobre al patrimonio del fondo, explicó Víctor Valdez, socio del área de impuestos y productos financieros estructurados del estudio Rebaza Alcázar & De Las Casas.
“Se puede identificar al beneficiario final desde varios criterios, de propiedad, de control, o incluso a nivel de apoderados. Existe toda una metodología”, refirió Osorio, quien precisó que no se revela a la administración tributaria el nivel de participación ni el patrimonio del inversionista, sino datos personales como estado civil, cónyuge, dirección, entre otros.
Propósito tributario
Ricardo Gallo, CEO de Inandes, hizo hincapié en que las nuevas disposiciones tienen un propósito tributario. Sunat podrá cruzar la información recibida por la administradora del fondo con aquella consignada en la declaración del impuesto a la renta de segunda categoría, en busca de inconsistencias, refirió.
“Existen situaciones donde, o no se hace la declaración (del impuesto a la renta), o puede haber alguna falla o elemento no incluido”, añadió.
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Carga difícil de gestionar
Con la nueva norma, Sunat contará con más elementos para identificar posibles casos de evasión o elusión tributaria, según Ricardo Gallo, de Inandes.
Pero, pese a las buenas intenciones de la disposición, Víctor Valdez, del estudio Rebaza Alcázar & De Las Casas, considera que el nuevo marco legal ocasiona una mayor carga operativa difícil de gestionar para las entidades obligadas.
Basa su crítica principalmente en que, en el caso de los entes jurídicos, todo beneficiario final debe ser reportado, independientemente de su porcentaje de participación en el fondo.
Por su parte, Fernando Osorio, del gremio de administradoras de fondos mutuos, admitió que el dispositivo implica un mayor costo administrativo.
Sin embargo, su aplicación se da en el marco del cumplimiento de estándares internacionales, añadió.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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