Zulema Ramirez - Omar Manrique
La reforma del sistema de pensiones está en la recta final, a falta únicamente de saber si el Ejecutivo promulgará u observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso.
El Gobierno evalúa rechazar la propuesta del Parlamento por su elevado costo fiscal, según adelantaron fuentes a Gestión, pero economistas, gremios y AFP consideran que debe seguir adelante pues introduce avances sustanciales como la pensión mínima, mayor competencia en el manejo de fondos previsionales, el cierre de nuevos retiros de esos ahorros y de la opción de disponer en la jubilación del 95.5% de los aportes acumulados.
Además, los que avalan la reforma destacan la incorporación de los trabajadores independientes formales que tienen RUC y giran recibos por honorarios, como sujetos obligados a aportar al sistema de pensiones.
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Si bien es complejo calcular el número total de estos trabajadores, Macroconsult estima que hay 4.5 millones de independientes, de los que medio millón tienen RUC y efectúan servicios en el ámbito formal, por lo que se les retiene impuestos.
“A ese medio millón se le va a retener 2% cuando le paguen. Así como la parte que le retienen va a Sunat como impuestos, una parte irá al fondo individual (de pensiones)”, manifestó el socio de Macroconsult, Elmer Cuba.
Así, estas personas no tendrán que ir a la AFP para realizar su aporte, sino que directamente se les retendrá del recibo por honorarios, dijo.
Luego de dos años de introducida la reforma, estos trabajadores deberán hacer un aporte obligatorio de 2% de los ingresos brutos de cada recibo, tasa que se incrementará gradualmente hasta un máximo de 5%. Si la entidad encargada no cumple con retener dichos ingresos, será solidariamente responsable, es decir, asumirá el aporte.
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¿Cuál sería el costo fiscal de la reforma de pensiones?
Si bien la reforma del sistema previsional peruano permitiría aumentar la cobertura de pensiones a más trabajadores, el costo fiscal de esta transición es una de las principales preocupaciones previas a su implementación.
El Gobierno ya asume una carga de 0.32% del PBI para cubrir las pensiones de los afiliados a la ONP, porcentaje que subiría si no se ejecuta un cambio en el sistema previsional, advirtió Cuba.
Hay menos jóvenes que den soporte a los jubilados vigentes, y cuando los pensionistas superen a los aportantes se requerirá un mayor apoyo del Estado, casi 0.53% del PBI, manifestó.
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“Con esta migración hacia un nuevo régimen de pensiones, el costo fiscal adicional iría de 0.16% del PBI en el 2030, a 0.19% en el 2050 y a 0.24% al 2070, lo que significa que -como está planteada- es una reforma relativamente barata, se ha tenido cuidado de que no tenga muchos costos”, sostuvo Cuba.
Así, considerando una rentabilidad promedio de 5.5% a 6.5% y la incorporación masiva de pensionistas a Pensión 65 a diversas velocidades, el costo fiscal marginal promedio anual de la reforma ascendería a lo sumo a 0.33% del PBI, precisó.
Dicho costo es inferior al proyectado por el Consejo Fiscal (1.1% del PBI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que va desde 2.7% del PBI en 2025 hasta 6.5% en el 2040.
Según el economista, esta diferencia en los cálculos responde a que el Consejo y el ministerio considerarían un subsidio generalizado mediante Pensión 65 y la pensión por consumo, escenario que es muy difícil que suceda.
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¿Qué impacto tiene prohibir el retiro del 95.5% de los fondos?
El informe de Macroconsult indica que 1.5 millones de jubilados reciben una pensión a la fecha, sin embargo, de no realizar cambios al régimen, esta cobertura ya no sería del 45% sino de apenas 30% en los próximos 40 años. De no haber cambios en el sistema previsional, ese número llegaría a solo 2.8 millones en el 2070.
En contraste, Cuba refiere que la eliminación del retiro del 95.5% de los fondos en la jubilación y la incorporación de la pensión por consumo -planteadas en la reforma- impulsarían el número de pensionistas a 10.1 millones en el largo plazo.
La clausura de la Ley del 95.5% aumentará rápidamente la cobertura partir del año 2048, mientras que la pensión por consumo permitirá que personas fuera del sistema y aquellas afiliadas al SNP que no alcanzan una pensión mínima puedan gozar de tal beneficio vía el sistema privado, expresó.
En la misma línea, las pensiones mensuales se incrementarían a S/ 860 (a soles del 2023) con la reforma hacia el 2070, calculó.
Pero, sin las modificaciones aprobadas por el Congreso, el monto promedio que recibirían los jubilados sería de solo S/ 525 en dicho horizonte.
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Fondos de pensiones alcanzarían los S/ 184,000 millones
Los afiliados al sistema privado de pensiones accedieron por séptima vez a sus fondos para la vejez, lo que menguó el patrimonio administrado por las AFP y el desempeño de algunos activos.
“La reforma a implementar prohíbe los retiros extraordinarios, es valioso que el Congreso que fomentó estas leyes ahora retroceda y quiera cerrar las salidas de dinero”, manifestó Elmer Cuba.
El último retiro propició la salida de S/ 27,000 millones, con lo cual el sistema de pensiones ya ha liberado más de S/ 113,000 millones a la fecha.
Sin nuevos retiros de recursos, el fondo administrado podría alcanzar los S/ 184,000 millones al 2030, pero si continúan las liberaciones –de S/ 20,000 millones cada dos años– se estancaría en niveles de S/ 108,000 millones, cifra que actualmente gestionan las AFP, manifestó.
Según el economista, una garantía de la barrera a los retiros es que ahora se requerirán dos leyes para poder permitirlos, una que derogue la prohibición y otra que autorice el nuevo desembolso. Asimismo, la restricción a nuevos retiros aportaría 1% del PBI al 2030, acotó.
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