La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) reincorporó a personal docente y administrativo; a pesar de que su vínculo jurídico con dicha casa de estudios se extinguió como efecto de haber sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, lo cual no solo benefició a las personas reincorporadas al margen de la ley sino que también afectaron la potestad sancionadora del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 012-2025-2-0223-AC, cuyo período de evaluación fue del 31 de agosto de 2017 al 10 de enero de 2025, se señala que en los períodos 2022 y 2025 se identificó que dos docentes universitarios y un trabajador administrativo de la universidad fueron reincorporados a sus mismas plazas, a pesar de haber sido sancionados por el Órgano Sancionador y por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la CGR.
La sanción impuesta fue de la inhabilitación para el ejercicio de la función pública y conforme a la normativa de la materia, conllevaba a la extinción del vínculo jurídico de los infractores con la universidad nacional. Sin embargo, el Consejo Universitario decidió reincorporarlos luego de declarar fundados sus recursos de apelación en contra de las resoluciones emitidas por el rector de la UNSAAC en las cuales se denegó sus solicitudes de reincorporación, detalló.
“La comisión auditora evidenció que el Consejo Universitario no consideró los dictámenes legales emitidos por la Dirección de Asesoría Jurídica de la UNSAAC, en los cuales se pronunció por declarar infundados los recursos de apelación, al contravenir los alcances de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, conforme a la potestad sancionadora de la CGR", apuntó.
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Los hechos descritos contravinieron los reglamentos de infracciones y sanciones por responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del SNC, los cuales establecen que sanciones firmes o que causen estado son de cumplimiento obligatorio y ejecutividad inmediata para los sancionados, indicó la Contraloría.
Se determinó presunta responsabilidad en 12 funcionarios de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Foto: Contraloría.
En ese sentido, las sanciones son eficaces desde el momento que se dictaminan y no están condicionadas a la ejecución o adopción de ninguna medida complementaria o accesoria por parte de la entidad o autoridad alguna. Asimismo, está establecido que, en el caso de la sanción de inhabilitación, esta comprende la consecuente extinción del vínculo jurídico que la entidad mantenga con el administrado sancionado y, por ende, la pérdida de su plaza, configurándose la imposibilidad de que pueda retornar a la misma, explicó.
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El informe de Contraloría determina presunta responsabilidad penal en 12 funcionarios de la UNSAAC, de los cuales siete también tienen responsabilidad administrativa entidad. Por ello, se recomendó al rector de la universidad adoptar las acciones que permitan de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan de los involucrados en los hechos observados en la auditoría.
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Además, se recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra las personas involucradas en los hechos irregulares.
