En los últimos dos años, el Poder Judicial, a través de diferentes unidades de flagrancia, ha dictado condenas severas por el delito de extorsión, las cuales van desde penas mayores a los veinte años a la cadena perpetua, informó dicho poder del Estado.
Asimismo, ha impuesto penas privativas de la libertad efectiva que llegan a los 35 años en casos por robo agravado, lo que demuestra que este modelo especializado no solo es célere, sino que también permite imponer sanciones drásticas.
De acuerdo con información de la Comisión de Implementación de la Unidades de Flagrancia Delictiva del Perú, la sentencia por cadena perpetua fue emitida en la Corte Superior de La Libertad.
Por este delito, además, se han impuesto penas de 18 y 26 años de cárcel en la unidad del Distrito Judicial de Piura, otra de 24 años en la Corte de Lima Norte y de 16 años en la de Sullana.
Edman Rodríguez Vásquez, secretario técnico de la referida comisión, sostuvo que los delitos que ocupan el segundo y tercer lugar por la severidad de las sanciones son robo agravado y violación sexual de personas menores de edad.
Las sentencias, que van de entre 16 y 35 años de pena privativa de la libertad, han sido dictadas por juzgados de las cortes de Lima Norte, Piura, Tumbes, La Libertad, Lima Este, Tacna y Sullana.
Así, las unidades de flagrancia han dictado, también, condenas elevadas por delitos como fabricación, suministro y tenencia ilegal de armas, hurto agravado y violación sexual.
Estos dos últimos años también emitieron condenas por actos contra el pudor, tocamientos indebidos y actos de connotación sexual, así como parricidio y homicidio en grado de tentativa.
PROCESOS POR EXTORSIÓN
De otro lado, la comisión de implementación reveló un incremento de los procesos por el delito de extorsión durante el presente año, en comparación con 2025.
Según datos del Sistema Integrado Judicial (SIJ) del Poder Judicial, de enero a setiembre de 2026 se registraron 115 casos por este delito; mientras que en 2025 la cifra fue de 78, con un total de 193 casos tramitados bajo este sistema especializado.
Ante estos resultados, el Poder Judicial proyecta cerrar el presente año con el cambio de nueve unidades de flagrancia piloto a unidades modelo, las cuales se encuentran en las cortes de Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto.
Extranjeros caen por extorsión en SMP
Con esto, el total nacional bajo este formato articulado (modelo) ascenderá a 24, en tanto que 16 continuarán como piloto, lo que representa un avance para la justicia rápida.
Para concretar esta meta se requiere una asignación presupuestal adicional de S/ 652 millones 839 mil 560, la cual se distribuirá entre las entidades operadoras: Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio Público.
- LEA TAMBIÉN: Estados Unidos anuncia restricciones de visado a implicados en ciberestafas y extorsión
En la última reunión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva se acordó actualizar el Plan de Implementación de las Unidades de Flagrancia al 2028, según el despliegue territorial vigente, las prioridades identificadas y la programación progresiva para el 2026, 2027 y 2028.
También se autorizó que las instituciones integrantes cumplan con lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento Interno e informen sobre la conformación de sus Equipos Técnicos Institucionales en un plazo de 15 días naturales.
