Desde el Congreso buscan entregar, por única vez y de manera gratuita, un título de propiedad estatal a los militares y policías que combatieron el terrorismo a fin de que lo empleen como vivienda o área de producción agrícola. La propuesta ha sido remitida, y aguarda su debate, en la Comisión de Vivienda y Construcción y en la Comisión de Defensa Nacional.
Héctor Valer (Somos Perú) plantea en su proyecto de ley Nro. 12556/2025-CR que se entregue un terreno estatal al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) calificado y reconocido como Defensor de la Democracia.
En el marco de la ley Nro. 29031, el Gobierno ha aprobado 2,058 condecoraciones a personas que combatieron contra los movimientos subversivos; de ese universo, la mayoría son integrantes de las FF. AA. y PNP. La iniciativa de Valer no menciona a los civiles distinguidos como potenciales beneficiarios de los terrenos estatales.
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Cabe añadir que no hay una cifra exacta sobre la cantidad de condecorados vivos y el proyecto de ley tampoco especifica si la adjudicación de tierras alcanzará a los deudos. Solo encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros a reglamentarla, una vez se aprueba, en no más de 60 días calendario.
El proyecto de ley busca beneficiar a Defensores de la Democracia con tierras para vivienda o producción agrícola. Foto: difusión
¿Qué criterios deberán cumplir para acceder a un terreno gratis?
Según Valer, el terreno por adjudicar deberá:
- Ser propiedad del Estado, bajo administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) o los Gobiernos Regionales con funciones transferidas.
- Estar en la región donde el beneficiario haya registrado su DNI en un periodo no menor de dos años.
- Estar libre de cargas, gravámenes, procesos judiciales o cualquier otro impedimento legal para su transferencia
- El PL delega a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a identificar, sanear y adjudicar los terrenos junto al Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior.
No obstante, el congresista Héctor Valer considera que el terreno entregado al policía o militar no podrá ser transferido a terceros por un plazo de 10 años tras su inscripción registral, salvo sea por causa de muerte.
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“No debe ser visto como un gasto sino como una inversión social y un acto de justicia distributiva (...) El Estado tiene una responsabilidad especial para con aquellos que asumieron los mayores riesgos en su defensa, en nuestro caso, de la democracia”, alega en su documento.
A la fecha, la SBN tiene aproximadamente 14,87 millones de metros cuadrados en su dominio y condición de libre disponibilidad. A criterio del legislador, los terrenos adjudicados pueden ser empleados para vivienda y también para la producción agraria, lo que “abre un horizonte” de desarrollo y autosostenimiento para las familias y economías locales.
