La norma fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 111-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales.
Dicha disposición tiene por objetivo la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
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La ejecución de estas acciones estará a cargo del Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales respectivos, bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Además, se contará con la participación de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, e instituciones públicas y privadas involucradas.
El dispositivo legal lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y ministros de Estado.
