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El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) ha puesto en marcha un “plan para deshacinar” los establecimientos penitenciarios, que en algunos llegan a 500% de sobrepoblación. En ese sentido, Gestión conversó con Javier Llaque, presidente del INPE para conocer a detalles las medidas que adoptará a corto y largo plazo para reducir la tasa de sobrepoblación penitenciaria.
La población penal es de 94,000; si bien en tiempo de pandemia hubo deshacinamiento por temor al contagio, se teme el regreso de la tasa de 5,000 internos por año, ¿Qué medidas está adoptando el INPE para mitigar la sobrepoblación en los penales?
Hay dos medidas, la más pronta e inmediata es la regulación de la vigilancia electrónica personal, es decir, los grilletes electrónicos. En una primera fase se instalarán no menos de 500 grilletes electrónicos para que este primer grupo vaya legitimando el uso del dispositivo y así vaya aumentando en una segunda y tercera fase.
¿Se le dará los grilletes a los procesados?
Será para procesados y condenados de delitos leves.
Esa será una medida inmediata, ¿cuál es la segunda?
La segunda es construir establecimientos penales. La presidenta de la República en su discurso del 28 de julio ha comprometido recursos para iniciar la construcción de dos primeros penales. Uno será el penal de Abancay (S/ 82 millones) y el otro será el penal de Arequipa. También, comprometió S/ 1,600 millones para cuatro penales más durante su mandato, es decir, hasta el 2026.
Serían en total seis penales que se construirán hasta 2026...
Sí, pero nuestra propuesta es más ambiciosa porque ya tenemos proyectos de inversión para 10 establecimientos penales y ojalá podamos conseguir los recursos para ello. Sin embargo, no implicará que el hacinamiento desaparezca, sino que evitará que siga creciendo.
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¿Planean que los penales que se construirán sean más grandes que Lurigancho?
No. El penal de Lurigancho, si bien es para 3,500 privados de libertad, actualmente alberga a 10 mil, no hay proyectos de esa dimensión. Nuestros objetivos son penales de 1,000 hasta 3,000 unidades.
¿Han mapeado que lugares van hacer los seis penales?
Los seis penales estarán en Shumba, Cajamarca (S/ 406 millones); Venadopampa, Huánuco (S/ 310 millones), Ancón III (S/ 580 millones) y la ampliación del penal de Trujillo. Los proyectos de inversión ya están registrados, es decir, ya son oficiales.
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Convenios de administración de recursos y vía gobierno a gobierno
¿Quiénes se adjudicarán la construcción de penales? ¿Será vía APP o a través de concurso público?
La construcción de penales y otras obras constructivas en este país se hace a través de empresas privadas, es decir, por concurso y la mejor oferta es la que gana la licitación. Pero, tenemos malas experiencias con obras que están abandonadas (no necesito mencionarlas).
Entonces, ¿Qué propone?
Nuestra propuesta es el convenio de administración de recursos, es decir, convenio con organismo internacionales para que sean ellos quiénes se encarguen de contratar a la empresa que tenga mejores condiciones y cumpla con entregar la obra.
¿Ya tienen mapeado quienes podrían ser esos organismos?
Claro, sería la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), ya que tiene experiencia de haber construido Ancón I.
¿La construcción de los seis penales será por esa vía?
Por lo menos de estos seis penales, unos dos o tres será a través de convenios de administración de recursos, los otros dos será vía Gobierno a Gobierno (G2G), así como se hizo en la construcción de la infraestructura para los juegos panamericanos donde hubo buenos resultados.
En vía gobierno a gobierno, ¿Qué países tendrían opción?
En el Gobierno a Gobierno se invita a varios países y tienen que presentar sus ofertas. Por último, habrá un pequeño paquete para hacerlo vía contrataciones del Estado.
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Hace unos días comentó que coordinará con las empresas privadas para mejorar la seguridad de los penales, ¿será un paso a la concesión?
No estamos de acuerdo con la privatización del servicio de seguridad penitenciaria (...) En estos momentos, el estado destina S/ 5.50 o S/ 6 de recursos para alimentar a un privado de libertad, ello implica que desayuna, almuerza y cena, diariamente con S/ 6; cuando se trate de una asociación público privada, la empresa nos va a cobrar por lo menos S/ 20 para alimentar a un interno. Los servicios costarían tres veces más que el servicio público.
Sería más costoso tener cárceles privadas...
Claro. Además, si tenemos un penal con 1,000 internos, el día que llegué el interno 1,001, la empresa no lo recibirá porque su capacidad fue rebasada. A eso se le suma otro problema. Si inauguramos un penal vía APP, con un rancho y una paila (olla) de S/ 15, ¿A quién vamos a mandar a ese penal? ¿Cómo escoger si van al sistema antiguo o al nuevo? Toda decisión que pasé para enviar a un privado de libertad será cuestionada; serían penales privados privilegiados.
Pero, ¿la privatización de penales no le fue bien a otros países?
La privatización de cárceles en Chile ha fracasado, ya no hay más cárceles privadas porque sus resultados con cárceles públicas han sido exactamente lo mismo y si tienes el mismo resultado, con costos más altos, no vale la pena hacerlo.
Por ejemplo, en los Estados Unidos se privatizaron en su momento las cárceles y solo el 30% del sistema carcelario estadounidense está privatizado, el resto, el 70% está en manos del Estado.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Federico Javier Llaque Moya
Cargo: Jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), desde diciembre de 2022.
Nacionalidad: peruano
Trayectoria: Se desempeñó en 2019, como vicepresidente del Consejo Penitenciario del INPE.
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Egresado en Periodismo en la Universidad de San Martin de Porres y estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Tiene más de 2 años de experiencia profesional. Laboró en Diario El Gobierno como redactor de Economía. Desde el 2023 es parte de Gestión.
