El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo presentada por la defensa de Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, anulando con ello la investigación en su contra por el caso denominado “Los Waykis en la Sombra”.
Esta medida deja sin efecto actos fiscales relevantes en el proceso y ordenó también la exclusión del fiscal Carlos Ordaya López del caso.
La sentencia señala que la demanda, inicialmente planteada como hábeas corpus, fue convertida en un proceso de amparo debido a que se alegaban vulneraciones, no solo a la libertad personal, sino también al ejercicio de la defensa y al secreto profesional.
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El TC revisó la legalidad del allanamiento al estudio jurídico de Castañeda y concluyó que se ejecutó sin precisar en el requerimiento judicial que se trataba de un despacho de abogados, a pesar de que el fiscal solicitante tenía documentos que lo acreditaban.
El fallo precisa que esta omisión generó un riesgo inconstitucional al exponer documentación de otros clientes ajenos al caso, vulnerando el derecho al secreto profesional que protege la confidencialidad necesaria para una defensa adecuada.
Asimismo, el TC concluyó que el fiscal Ordaya no podía investigar con neutralidad porque los hechos atribuidos a Castañeda afectaban directamente su actuación previa en otra carpeta fiscal.
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La resolución precisó que un fiscal no debe dirigir diligencias cuando tiene un interés directo en los hechos, debido a que compromete la imparcialidad exigida en el proceso penal al no haber una separación clara entre el denunciante y el investigador.
Ante ello, el TC anuló la Disposición Fiscal 4-2024 y todos los actos posteriores en la Carpeta Fiscal 7-2024, ordenando que el Ministerio Público designe a un nuevo fiscal y excluya definitivamente a Ordaya del caso de Castañeda.
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Esta sentencia fue aprobada por mayoría del Pleno del TC. Sin embargo, los magistrados Gutiérrez Ticse y Monteagudo Valdez emitieron votos singulares, considerando improcedente el amparo por defectos formales, como no haber agotado primero la vía administrativa.
Cabe recordar que este caso se origina en la investigación por presunta organización criminal, donde se acusaba a Castañeda de ser operador legal del entonces entorno presidencial y se le imputaron los presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad genérica, relacionados con acciones para archivar investigaciones contra Nicanor y Dina Boluarte.
La sentencia fue aprobada por mayoría en el Pleno del Tribunal Constitucional. Foto: TC
