El Gobierno Regional del Callao, en la gestión de Ciro Castillo Rojo, presuntamente otorgó múltiples órdenes de servicio y puestos de trabajo a personas que financiaron campañas políticas de su entorno, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.
Uno de los casos involucra a Armando Rondinel Silva, quien presuntamente aportó a la campaña de Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador y candidato a diputado por Alianza para el Progreso. Según el reportaje, realizó dos contribuciones en especies que sumaron S/ 2,480.
Rondinel Silva también figura como proveedor del Gobierno Regional del Callao. La investigación identificó 14 órdenes de servicio a su nombre por un total de S/ 85,800 y precisó que otros integrantes de su familia consiguieron contratos con la entidad.
Su madre, Juana Rosa Silva Gamboa, obtuvo 17 órdenes de servicio por 274 mil soles, mientras que su padre, Armando Jorge Rondinel, recibió S/162,258 mediante 18 contratos. El reportaje también menciona contrataciones a favor de sus hermanas Rosa María y Yessenia por S/169.500 y S/43.000 respectivamente.
Otro caso corresponde a Elvira Madalengoitia, exasistente de Ciro Castillo, quien buscaba llegar al Gobierno Regional del Callao por Avanza País. Según la investigación, más del 70% de los aportantes a su campaña son trabajadores de la institución.
Entre los aportantes mencionados figura Aniee Anggela Espezúa Paredes, quien presuntamente entregó S/1,350 a su campaña. Según el reportaje, primero obtuvo órdenes de servicio y actualmente trabaja bajo el régimen CAS en el gobierno regional.
También aparecen Carlos Alberto Triveño Lazarte y Mariela Carrillo Mendoza, quienes aportaron S/ 2,000 y S/1,200, respectivamente. Según la investigación, el primero obtuvo órdenes de servicio por S/ 44,300 soles y la segunda recibió ocho órdenes por S/53,800 soles.
Ante ello, el dominical consultó al gobernador Ciro Castillo sobre los presuntos vínculos entre aportantes y trabajadores, donde indicó desconocer estos casos.
Finalmente, la Dirección Regional de Salud del Callao convocó a un concurso para contratar personal bajo el Decreto Legislativo 1057 a plazo indeterminado a pocas semanas de concluir la gestión.
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El proceso ofrece 87 plazas con sueldos de entre S/2,000 y S/ 10,000 soles para especialistas en salud, abogados y personal administrativo.
“El cuestionamiento también parte no solamente por el procedimiento y la evaluación, sino también por la temporalidad. Es decir, la oportunidad que se está teniendo para seleccionar a personas que no van a formar parte de esta gestión, sino de las siguientes gestiones”, indicó José Trelles, especialista en contrataciones públicas.
Cuarto Poder consultó al gobernador Ciro Castillo sobre los presuntos vínculos entre aportantes y trabajadores, donde indicó desconocer estos casos. Foto: Cuarto Poder
SOLICITAN INTERVENCIÓN DE CONTRALORÍA
A través de un oficio dirigido al contralor general, César Aguilar Surichaqui, el legislador pidió revisar las contrataciones CAS y órdenes de servicio vinculadas con los hechos denunciados, así como evaluar el concurso para cubrir 87 plazas CAS a plazo indeterminado en la DIRESA del Callao.
Finalmente, Yalta solicitó informar sobre las medidas adoptadas, las unidades responsables y el cronograma de las actuaciones de control.
En esa línea, el parlamentario señaló que de identificarse presuntos delitos, se deberá comunicar los hechos al Ministerio Público.
