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Este año 2023, que ya está por concluir, estuvo marcado por varios acontecimientos judiciales que marcaron la agenda y generaron diversos tipos de repercusiones.
A nivel de investigaciones fiscales destacan las iniciadas contra la presidenta Dina Boluarte a raíz de las muertes registradas en las protestas en contra de su Gobierno, que derivó en una denuncia constitucional en su contra, así como a los asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindicada de ser la presunta líder de una organización criminal enquistada en su institución.
En cuanto a las detenciones y prisiones preventivas registradas en este año figuran las ordenadas contra la expremier Betssy Chávez, el excongresista Freddy Díaz, la empresaria Sada Goray y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia peruana.
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Sin embargo, dos sucesos se llevaron todos los reflectores. Por un lado, el expresidente Alejandro Toledo regresó al Perú extraditado desde Estados Unidos luego de permanecer varios años en la clandestinidad y actualmente se encuentra recluido en el Penal Barbadillo, mientras que otro personaje abandonó dicho recinto. Se trata del exmandatario Alberto Fujimori, quien fue excarcelado tras una resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
En este informe haremos un repaso de las noticias judiciales que marcaron la agenda en el 2023.
1. Investigación a Dina Boluarte por las muertes en las protestas
Ni bien juró en el cargo, el pasado 7 de diciembre del 2022, Boluarte tuvo que enfrentar las diversas protestas que se convocaron a nivel nacional en contra de su gobierno y en favor del expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró ese mismo día.
Las regiones que más sufrieron con estas manifestaciones fueron Ayacucho, Ica, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Apurímac y Puno. Precisamente, en esta última región se desató el caso el pasado 9 de enero. En un solo día se registraron 18 fallecidos. Unas semanas después, diversos colectivos, sindicatos y organizaciones llevaron a cabo la denominada “Toma de Lima”, causando destrozos en el centro de nuestra capital.
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Tras estos sucesos, Benavides abrió una investigación preliminar contra Boluarte, el premier Alberto Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves
Además, se sugirió que algunas de las muertes reportadas en las manifestaciones “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, así como se habla de “masacres” cometidas en este lapso de tiempo, entre otros aspectos.
A fines de noviembre, Benavides cerró la indagación contra Boluarte y presentó una denuncia constitucional en su contra y las otras cuatro personas antes mencionadas por los presuntos delitos de homicidio calificado y de lesiones graves. Esto, a pesar de que un mes antes había decidido ampliar la pesquisa por ochos meses más. La denuncia está en manos del Congreso.
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2. Betssy Chávez tras las rejas
El fallido golpe de Estado perpetrado por Castillo también le pasó factura a su expremier, Betssy Chávez. En junio pasado, el Poder Judicial ordenó su captura inmediata, tras ser acusada de haber participado en estos hechos.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, dejó sin efecto la orden de comparecencia con restricciones que pesaba contra la expremier y declaró fundado el requerimiento fiscal de 18 meses de prisión preventiva.
El tribunal también ordenó el mandato de comparecencia con restricciones contra los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Turismo), señalados como coautores del frustrado autogolpe. Ambos personajes no podrán ausentarse sin autorización ni comunicarse con los demás investigados, entre otras medidas.
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A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, la también exlegisladora se allanó a la orden judicial y adelantó que estaba en su vivienda, en Tacna, donde esperó su captura. Unos días después la Policía la detuvo y fue conducida al penal Anexo de Mujeres, de Chorrillos.
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3. Freddy Díaz, del Congreso a prisión
Del Congreso a prisión. A fines de febrero pasado, el excongresista de Alianza para el Progreso (APP), Freddy Díaz, quien fue inhabilitado por el Pleno, se entregó a la justicia luego que el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva en su contra.
Tras presentante ante el despacho del juez Juan Carlos Checkley, el exparlamentario fue derivado al INPE, que decidió recluirlo en el penal de Lurigancho.
En julio del 2022, una trabajadora del Parlamento denunció a Díaz Monago por el presunto delito de violación sexual. De acuerdo con la víctima, el hecho ocurrió en una de las oficinas del Congreso, ubicada en el Jirón Azángaro.
La denunciante agregó que fue auxiliada por un amigo, que acudió a la oficina congresal junto con un efectivo de la policía. Asimismo, indicó que se encontraba mareada y desorientada.
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En el Congreso, APP expulsó al legislador de sus filas y el Pleno decidió suspenderlo por 120 días. Luego de no lograrse los votos requeridos para aprobar su inhabilitación de la función pública, el Parlamento corrigió ese error y, en enero pasado, lo inhabilitó por 10 años.
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4. La extradición de Alejandro Toledo finalmente se concretó
El exmandatario, quien es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por presuntamente haber recibido un soborno de casi US$ 32 millones de la empresa Odebrecht (hoy Novonor) para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica Sur, fue recluido en el penal Barbadillo.
En paralelo, su abogado presentó una serie de recursos, desde hábeas corpus hasta una solicitud para que su patrocinado afronte la orden de 18 meses de prisión preventiva que pesa en su contra bajo detención domiciliaria debido al cáncer que padece; sin embargo, las demandas fueron rechazadas.
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En lo que respecta a su esposa, Eliane Karp, tras la extradición de Toledo al Perú viajó desde Estados Unidos hacia Israel. Esto, a pesar de que también afronta un proceso de extradición por el caso Ecoteva.
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5. ‘Los Operadores de la reconstrucción’ y Guillermo Bermejo
En agosto pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) realizó un megaoperativo de allanamiento y descerraje de las viviendas de algunos funcionarios y personas vinculadas a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), sindicados de integrar la organización criminal ‘Los operadores de la Reconstrucción’.
Tras conocerse esta noticia, el legislador de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú negó cualquier implicancia en este caso de corrupción; sin embargo, el testimonio de un colaborador eficaz lo puso en serios aprietos.
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De acuerdo al testimonio de este colaborador eficaz, el acuerdo ilegal al que se llegó entre Valdivia, Jara y el exalcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión (Piura), Fernando Ipanaqué, consistió en que se pagaría el 2% de los montos de los contratos financiados por la ARCC.
“Jaime Jara comentó a Yul Valdivia que la forma en que se repartirían ese 2% sería 1,5% para Guillermo Bermejo y 0,5% para Jara y Valdivia”, señaló el informante.
Es más, el colaborador narró que en agosto del año pasado Valdivia llamó a Bermejo para indicarle que estaba fuera de su casa. El motivo del encuentro era la recepción de S/40,000 producto de la coordinación con Ipanaqué.
“Al salir (Bermejo) de su casa, Yul Valdivia le hace entrega del sobre de manila con los S/40.000, teniendo como respuesta de parte del congresista: ‘No seas pendejo, compa, el ‘Chato’ Jara es el encargado’, en referencia a que el dinero debía ser entregado a Jaime Jara (asesor del parlamentario)”, narró el colaborador.
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6. Sada Goray, Mauricio Fernandini y el caso ‘Markagroup’
A mediados de julio y agosto un escándalo de corrupción salpicó los cimientos del Fondo Mivivienda. La Fiscalía inició una investigación contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros funcionarios de dicha institución por el presunto delito de colusión.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la empresaria pagó, en total, S/5′400.000 y US$21.000 a funcionarios del gobierno anterior. Además, le atribuyó el delito de organización criminal.
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Además, Goray habría logrado insertar a recomendados suyos en algunas instituciones del Estado, como el Fondo Mivivienda, Sunarp y la SBN, a fin de que beneficien a Markagroup.
En relación a Fernandini, este habría recibido S/ 150 mil y US$ 80 mil por haber facilitado la entrega del dinero en su departamento. De ese modo, el periodista habría participado en las primeras cinco entregas de dinero de Goray y Marrufo por un total de S/ 3 millones, entre septiembre y diciembre del 2021.
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7. La ubicación y detención de Alejandro Sánchez Sánchez
El financista de Castillo fue detenido por una patrulla fronteriza en la zona de Eagle Pass en Texas. Se le atribuye el haber ingresado de manera ilegal a territorio norteamericano, mas no por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión que se le imputan en el Perú.
Al momento de su aprehensión, Sánchez no tenía vigente una orden de captura internacional, pues su defensa habría alegado ante la Interpol, con sede en Francia, que en su caso había un trasfondo político.
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En noviembre del 2022 el Poder Judicial ordenó 30 meses de prisión preventiva en contra de Sánchez y otras personas, investigados en el marco del caso ‘Gabinete en la sombra’; sin embargo, al momento de su detención no se encontraba en ninguna de sus propiedades a su nombre.
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8. Vladimir Cerrón en la clandestinidad
De criticar a varios investigados por no ponerse a derecho a convertirse en un prófugo de la justicia. A inicios de octubre la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín ratificó la sentencia dictada en contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien deberá enfrentar una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
Tras conocerse la sentencia, Cerrón estuvo inubicable, pero seguía utilizando las redes sociales para criticar la sentencia dictada en su contra.
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En paralelo, el Ministerio del Interior ofreció S/100,000 a quien brinde información oportuna sobre su paradero; sin embargo, el exgobernador de Junín informó, a través de su abogado, Luis Mayhua, que no se entregaría hasta que la Corte Suprema resuelva la casación que presentó para anular su sentencia.
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9. El operativo ‘Valkiria V’ y la suspensión de Patricia Benavides
A fines de noviembre pasado una noticia acaparó todos los reflectores. El EFICCOP y un grupo de policías de la DIVIAC realizaron el operativo ‘Valkiria V’ y allanaron las viviendas de los asesores de Benavides, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, así como sus respectivos despachos en el Ministerio Público.
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De acuerdo a la tesis fiscal, Benavides, junto a sus tres asesores, integrarían una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público que habría influenciado ilícitamente en decisiones relevantes del Parlamento, como la remoción de los magistrados de la JNJ, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos, de la función pública.
Si bien en un inicio Benavides negó todas estas imputaciones, su exasesor empezó a cantar ante la Fiscalía. Según dijo, la suspendida fiscal de la Nación usaba el alias ‘Vane’ y el aplicativo de mensajería “Signal” para ordenar las coordinaciones que iba a realizar con diferentes congresistas.
A través de este medio es que se comunicaba con su círculo de confianza y daba conformidad a las presuntas actividades ilegales en contubernio con el Congreso. De esta manera, según dijo, evitaba que fuera reconocida y puesta en evidencia.
Tras conocerse todos estos hechos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abrió un proceso disciplinario inmediato a Benavides. Unos días después, el pleno de este organismo decidió suspenderla en el cargo por el plazo de seis meses.
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10. La excarcelación de Alberto Fujimori
Y la noticia judicial que cerró este año es la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión efectiva por los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.
El recurso de reposición fue presentado por la defensa de Fujimori, luego que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la sentencia del TC, que restablecía los efectos del indulto concedido al expresidente en el año 2017.
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Tras unas horas de evaluación, el Ejecutivo procedió a ejecutar la excarcelación de Fujimori. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar el fallo del TC.
Además, dispuso que el Perú informe, a más tardar el 4 de marzo del 2024, sobre cómo está cumpliendo con la obligación de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
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