Patricia Benavides: las gestiones que habría realizado para archivar pesquisa contra su hermana

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del poder (EFICCOP) y la División de investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) de la Policía realizan desde esta mañana un operativo de descerraje y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y nuevas personas que integrarían la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público, y que sería liderada por Patricia Benavides.

Entre los nuevos personajes involucrados figuran el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón, quienes presuntamente serían asesores en la sombra de Benavides.

Estas acciones se ejecutaron luego de que el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, revelara información relevante en el marco de su proceso de colaboración eficaz que mantiene ante el Ministerio Público.

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Y esta información viene comprometiendo seriamente a Benavides. De acuerdo a la indagación fiscal, a fines de julio del 2022 la suspendida fiscal de la Nación concertó con Villanueva y su otro asesor, Miguel Girao, la conclusión de la designación de Bersabeth Revilla Corrales como fiscal suprema provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Dicho despacho tenía a su cargo la investigación en contra de su hermana, Enma Benavides, por el presunto delito de cohecho pasivo específico. Como se recuerda, la magistrada afronta una pesquisa por presuntamente haber cobrado sobornos para liberar a reos detenidos por narcotráfico entre los años 2014 y 2016.

De acuerdo a la resolución judicial, “se buscaba la emisión de un requerimiento de sobreseimiento (archivo)” a favor de la pariente de la exfiscal de la Nación.

“Es así que, teniendo conocimiento que la conclusión de la designación de Revilla Corrales debía de realizarse mediante una resolución debidamente motivada, Miguel Girao propuso a Benavides que debía elaborar un informe de productividad que concluya una baja producción de su despacho, con el fin de que este sirva como sustento para motivar la resolución”, se lee en el documento.

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Tras esto, Benavides aceptó la propuesta de su asesor y le ordenó que coordine con Abel Cartolín Príncipe, gerente de control de la productividad fiscal de la institución, a fin de que elaboren un informe donde se describa con información errónea que Revilla Corrales registró baja producción durante su gestión en dicha Fiscalía.

Tras la reunión de estos funcionarios, Cartolín remitió dicho documento al despacho de Benavides, el cual fue utilizado para justificar la conclusión de la designación de la referida fiscal.

“Asimismo, Benavides dispuso que la resolución sea publicada en las normas legales del diario El Peruano, junto al anuncio de la captura del entonces prófugo exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, con el fin de evitar que la prensa pueda denunciar en las noticias dicha decisión”, añade el texto.

La presentación del requerimiento de sobreseimiento

En julio del año pasado, Benavides nombró a la fiscal Azucena Solari Escobedo en el despacho que anteriormente ocupaba Bersabeth Revilla. Como era de esperarse, la prensa empezó a criticar dichos cambios, por lo que la suspendida fiscal de la Nación ordenó a Villanueva y Girao que se reúnan con Solari.

En dicha cita, ocurrida el pasado 26 de julio del 2022, se acordó que Girao elaborará un informe de baja productividad de las investigaciones que había recibido Solari por parte de Revilla, el cual sería publicado con la finalidad de respaldar el primer informe que desacreditó a esta fiscal.

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Un mes después, Solari Escobedo renunció a su cargo y fue reemplazada por el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán, quien tendría a su cargo la pesquisa contra Enma Benavides. Se le dio la consigna de sobreseer (archivar) dicho caso.

En setiembre de ese año, Benavides habría coordinado con Girao para que este elabore una ayuda memoria del caso de su hermana debido a que en una reunión que tuvo con Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón, en la oficina de este último, se acordó contratar al abogado Eduardo Roy Gates para que salga a los medios de comunicación a defender la supuesta inocencia de su pariente y la remoción de la fiscal Revilla.

Cinco meses después de ese suceso; es decir, en febrero de este año, Benavides coordinó con Terán a fin de que presente el requerimiento de sobreseimiento a favor de su hermana.

“Pedido que el fiscal Terán cumplió, ya que se había previsto que se presente en esa fecha, toda vez al encontrarse el país en una crisis social debido a las marchas que se venían llevando a cabo, la noticia del sobreseimiento de su hermana no iba a tener mucha repercusión”, añade la resolución.

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Las coordinaciones con un juez y el ataque a César San Martín

En otro extremo de la resolución, se precisa que Benavides, teniendo conocimiento que ante el despacho de Terán se venía investigando al juez supremo Juan Carlos Checkley por hechos relacionados a su actuación como juez superior en Piura, por intermedio de Garrido Lecca y Huayón “habría logrado coordinar con Checkley”, quien en su condición de presidente del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema lleva a cargo el proceso de su hermana.

De acuerdo al documento, se habría coordinado con Checkley que la audiencia de control de sobreseimiento presentado por el fiscal Terán ocurriera “cuando haya una noticia de connotación nacional, con el fin de que cuando se instale dicha audiencia, no sea una noticia de repercusión, así como que este debería aceptar dicho recurso”.

En agosto de este año, Benavides, al tener conocimiento que era muy probable que la Procuraduría apele el archivo de la investigación y que dicha causa subiría a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, con quien no podría lograr ningún pronunciamiento en favor de su hermana, le informó a Villanueva y a Girao que había concertado con un fiscal adjunto supremo de su confianza para que “busque algo en contra” de San Martín.

Es así que, luego de unos días, se encontró que el magistrado supremo registraba una comunicación con el exjuez superior Daniel Peirano, involucrado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Dicha conversación se fue utilizada como pretexto para que se disponga la declaración ampliatoria de Peirano con el fin de que precise la participación de San Martín en los hechos.

El pasado 25 de agosto se inició una investigación previa contra San Martín y se citó a Peirano para que brinde su declaración en la primera semana de setiembre. De acuerdo a la resolución, la intención de Benavides era que “la fecha de declaración de este juez coincida con el inicio de audiencia de sobreseimiento a favor de su hermana, con el fin de lograr condicionar al juez supremo con dicha testimonial”.

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