Tras las declaraciones del exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, que involucró a varios funcionarios y fiscales, entre ellos, Pablo Sánchez, Rafael Vela y Patricia Benavides, desde el Congreso alistan un proyecto de ley con la finalidad de declarar en emergencia dicha institución y reorganizarla.
Así lo informó el vocero de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, tras denunciar que un borrador de la propuesta, que aún no ha sido discutido en su grupo de trabajo, fue filtrado en los medios de comunicación.
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“Ese proyecto ha sido objeto de una filtración de alguien que no ha tenido reparo en hacerlo. Era un tema de discusión dentro de la bancada, no es la versión final la que está circulando. Estamos trabajando en ese tema”, dijo a Canal N.
En ese sentido, calificó la filtración de este documento como algo “malintencionado”.
“No sé quien o con qué mala intención habrá querido que se conozca cuando aun no se ha terminado. Nosotros discutimos los proyectos en la bancada y cuando tenemos la mayoría recién la presentamos. En este caso no la ha habido aún, se siguen afinando algunos temas y vamos a ver si logramos encontrar algún consenso para poder presentarla cuanto antes”, remarcó tras precisar que él es autor del proyecto.
¿Qué plantea el borrador de la iniciativa?
En el borrador del proyecto de ley se precisa que la iniciativa de reforma tiene por finalidad establecer un proceso de reorganización institucional de las más altas autoridades del Ministerio Público, que permitirían habilitar legalmente una serie de medidas destinadas a solucionar la grave crisis política institucional de dicha entidad.
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En ese sentido, se recomienda cesar de inmediato a los fiscales supremos titulares Patricia Benavides (suspendida), Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza.
“Declárese por única y excepcional oportunidad en emergencia y reorganización institucional al órgano autónomo constitucional Ministerio Público, en consecuencia, dispóngase el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función”, se lee en el proyecto.
Los cargos de estos fiscales supremos “serán cubiertos por los fiscales superiores titulares del país en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elija a sus respectivos titulares”.
Finalmente, se precisa que la nueva Junta de Fiscales Supremos deberá, en un plazo de 180 días, “evaluar y separar al personal administrativo y fiscal no idóneo”.
También deberá diseñar e implementar las acciones de reorganización, y proponer las iniciativas de reforma legal necesarias “para superar las deficiencias y problemática de la organización y el servicio fiscal a nivel nacional”.
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