La congresista Diana Gonzales (Avanza País) presentó un proyecto de ley que propone incorporar el delito de minería ilegal como causal de pérdida del escaño parlamentario, modificando el artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República. La iniciativa busca que los legisladores condenados con sentencia judicial firme por este delito no puedan ser reemplazados por su accesitario.
Actualmente, el reglamento establece la pérdida del escaño sin posibilidad de reemplazo cuando existe condena firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos. La propuesta plantea equiparar la minería ilegal a estos ilícitos, considerando su impacto ambiental, económico y en la seguridad nacional.
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En la exposición de motivos se argumenta que la minería ilegal ha generado graves daños ambientales y a la salud pública, especialmente en la Amazonía. Se cita un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), según el cual entre enero de 2021 y marzo de 2024 la deforestación por minería ilegal en el sur del país alcanzó 30,846 hectáreas.
El documento también advierte que esta actividad está vinculada a redes de criminalidad organizada y que su expansión ha incrementado la exportación de oro ilegal en los últimos años. Asimismo, recoge datos de una encuesta de IPSOS (diciembre de 2024) que señala que tres de cada cuatro peruanos consideran la minería ilegal una amenaza para su seguridad y la de sus familias.
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En los fundamentos de la propuesta se precisa que el delito de minería ilegal está tipificado en el artículo 307-A del Código Penal y sanciona la exploración o explotación de recursos minerales sin autorización, cuando se genere o pueda generar daño ambiental. La iniciativa sostiene que, dado su nivel de gravedad, debe tener consecuencias políticas equivalentes a otros delitos graves ya contemplados en el reglamento parlamentario.
La propuesta indica que la modificación no generaría costos adicionales para el Estado, ya que únicamente amplía los supuestos de pérdida de escaño sin alterar la estructura normativa vigente. Además, sostiene que fortalecería el control interno de los partidos en la selección de candidatos y enviaría un mensaje político sobre la gravedad de este delito.
De aprobarse, la medida sería aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores en el próximo Parlamento bicameral.
