Una controversia administrativa y ética fue revelada dentro del entorno del presidente José María Balcázar debido a la contratación, dentro del Estado, de su abogado personal, Odar Jimmy Cornejo Custodio, por 30, 000 soles, para brindar asesoría jurídica en Palacio de Gobierno durante 90 días.
Según reveló el dominical Cuarto Poder, la orden de servicio empezó el 26 de marzo, un mes después de que Balcázar asumiera la presidencia, y se extendió hasta el 26 de junio, coincidiendo con el periodo en que el abogado atendía procesos judiciales privados del mandatario.
El reportaje reveló que, mientras cobraba un sueldo del Estado, Cornejo seguía litigando como abogado personal del presidente en juicios vinculados a casos previos a la presidencia, como el proceso por presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque cuando Balcázar era decano.
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Sin embargo, la presunta red de favorecimientos se extiende a la familia del abogado, ya que su sobrino, Diego Cornejo Cachay, de 24 años y con solo un año de titulación en derecho, fue nombrado Subprefecto de Chiclayo durante la vigencia de la orden de servicio en Palacio, mediante un nombramiento oficializado el 12 de mayo.
Cuarto Poder solicitó la versión del despacho presidencial sobre estas contrataciones y designaciones, pero no hubo respuesta hasta el cierre del informe.
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Asimismo, se buscó la versión del abogado Cornejo, quien sostuvo no existiría incompatibilidad entre su orden de servicio y su labor como defensor privado del presidente.
“En ninguna de las cláusulas me prohíbe litigar, ni con X persona, ni para un ministro, para un congresista, para un presidente de la república. Eso no me prohíbe”, señaló al programa.
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Según reveló el dominical Cuarto Poder, la orden de servicio empezó el 26 de marzo, un mes después de que Balcázar asumiera la presidencia, y se extendió hasta el 26 de junio. (Foto: Presidencia)
Sin embargo, José Antonio Trelles, especialista en contrataciones del Estado, calificó la situación como irregular y señala la existencia de un conflicto de interés real.
“Me parece más bien que es una intención de ocultar, de encaramar el verdadero objetivo de esta contratación que podría haber sido la asistencia o la asesoría legal directa al presidente y el pago de ese servicio a través de una orden de servicio”, indicó el especialista.
