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El Ministerio Público sufrió un revés judicial en el marco de las investigaciones que lleva adelante contra la presidenta Dina Boluarte. El Poder Judicial ordenó a dicha institución que concluya la pesquisa iniciada contra la mandataria por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).
Así lo decidió el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el recurso de control de plazo presentado por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, al haberse excedido el tiempo para realizar dicha investigación.
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De esta manera, la Fiscalía de la Nación tiene dos opciones tras conocerse este fallo: formular una denuncia constitucional contra los investigados ante el Congreso con la finalidad de continuar con el proceso y pasar a otra etapa, o disponer el archivo de la pesquisa.
Al respecto, Portugal pidió a dicha institución que archive la investigación al considerar que no tienen pruebas suficientes contra Boluarte.
“Si el propio Ministerio Público está pidiendo ocho meses de investigación es porque el caso no está cerrado, no está construido sobre sus premisas fácticas y probatorias, luego, por consecuencia, si necesitan un plazo que ya no lo tienen, con lo que tienen deben pronunciarse y no tienen absolutamente nada. Por coherencia, la Fiscalía debería cerrar el caso”, dijo a RPP.
El abogado recordó que el propio exministro del Interior, Walter Ortiz, quien también está bajo investigación en este caso, había señalado que fue responsabilidad de él la desactivación del equipo especial PNP que prestaba apoyo al EFICCOP, y que nada tuvo que ver la mandataria en dicha disposición.
¿De quién fue la responsabilidad?
Al ser consultado por quién tuvo la responsabilidad en el Ministerio Público frente a este revés judicial, Portugal indicó que tanto el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, como el fiscal supremo Pablo Sánchez tienen mucho que ver en esta situación.
“Este cierre de la investigación es responsabilidad de dos fiscales que se ‘empelotaron’, se pasaron la pelota de cancha a cancha, generaron un lío institucional y decidieron no investigar cuando eran responsables en hacerlo. Entonces, cuando decidieron investigar, el plazo había vencido. Inmediatamente nosotros activamos el control de plazo y el juez Juan Carlos Checkley ha determinado que la negligencia de los fiscales no pueden ser responsabilidad de la investigada”, aseveró.
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Añadió que Villena era quien llevaba la investigación contra su patrocinada, pero dijo que este decidió apartarse y remitió el caso al despacho de Sánchez; sin embargo, el fiscal tampoco lo aceptó, lo que generó un entrampamiento.
“Sánchez le señala (a Villena) que no había razón para que se inhiba, no está sosteniendo una argumentación seria y que se la devuelve. Villena le dice que no ha expresado las razones de su rechazo, además no existe el concepto rechazo, por lo que le devolvió la pesquisa. Ante esto, Sánchez le comunica a la Junta de Fiscales Supremos para que decidan quién es competente”, cuestionó.
Luego de este suceso, Portugal contó que la Junta de Fiscales Supremos determinó que es la Primera Fiscalía Suprema Penal quien debe llevar adelante la investigación contra la presidenta; no obstante, Sánchez se encontraba de vacaciones en ese momento.
“Cuando este vuelve a sus labores pidió, fuera de plazo, la ampliación de plazo por 60 días más”, sostuvo.
Aún no citan a Boluarte para que declare por el ‘cofre’
En otro momento, Portugal aclaró que la Fiscalía de la Nación aún no ha citado a su clienta para que brinde su declaración en el marco de la investigación por el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ para ayudar a facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.
“Se dice mucho, pero se sabe poco. No la han llamado (a Dina Boluarte). En el caso denominado ‘Rolex’ habló por cinco horas, ¿dónde está el silencio?, en el caso de la desactivación de la Diviac declaró por tres horas. En el caso Qali Warma nunca nos citaron, pedimos que nos citen y habló dos horas, sobre la supuesta reunión promovida por Patricia Benavides nos citaron y declaramos dos horas con 30 minutos”, enfatizó.
Por último, recalcó que la jefa de Estado no puede brindar más detalles ante la prensa sobre las investigaciones en su contra porque son secretas y reservadas.
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