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El Poder Judicial declaró infundado la solicitud que hizo la empresaria Sada Goray, quien es investigada por los presuntos delitos de organización criminal y otros en el marco del caso Markagroup, para viajar a las ciudades de Tarapoto (San Martín) y Trujillo (La Libertad) por unos 30 días a fin de año.
En su recurso, explicó que su pedido para abandonar su lugar de residencia en Lima para trasladarse a San Martín, del 1 al 10 de noviembre de este año, es por motivos laborales, mientras que el segundo viaje hacia La Libertad, del 20 de diciembre al 10 de enero del 2025, es por motivos familiares.
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“En el caso del permiso por motivo de trabajo, no resulta atendible el pedido debido a que la imputada puede delegar dichas facultades a otras personas y en el caso de la visita familiar no detalla el lugar dónde se alojará”, concluyó el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Raúl Justiniano.
El magistrado añadió que le falta detalles y precisiones al pedido el viaje de Goray para viajar a Trujillo, así como advirtió que en Tarapoto, donde también pretendía trasladarse, viven otros dos investigados del caso Markagroup.
El Ministerio Público también se opuso al recurso presentado por Goray al recordar que el puesto que ocupa esta como gerente administrativa en su actual empresa no requiere que acuda a cumplir las acciones presenciales que había anunciado.
En lo que respecta al pedido de viaje a Trujillo, advirtieron que la empresaria había consignado pocos datos sobre su destino final, ya que su abogado solo comentó que se comprometían a dar a conocer su lugar de estadía 48 horas después de salir de Lima.
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Afronta comparecencia con restricciones
El tribunal liderado por el juez supremo César San Martín dispuso que Goray afronte está Investigación preparatoria bajo el mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta, así como un impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses.
Como se recuerda, la empresaria admitió ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de S/ 4 Millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, para que su exempresa Markagroup obtuviera diversos contratos durante el gobierno de Pedro Castillo.
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