Poder Judicial decidirá el próximo miércoles 26 si ordena prisión preventiva para Betssy Chávez

Tras más de cuatro horas de audiencia, el juez supremo Juan Checkley Soria dejó al voto su decisión sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva que pesa contra la exprimera ministra, Betssy Chávez, investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en el marco del fallido golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

La misma medida alcanza a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).

El magistrado anunció que emitirá su fallo el próximo miércoles 26, desde las 3:00 p.m. en adelante.

Durante su intervención, la fiscal suprema adjunta, Galinka Meza, determinó que Chávez acordó junto con Castillo, Huerta, Sánchez, el también expremier Aníbal Torres y otras terceras personas por identificar, la “disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instauración de un estado de excepción en el Perú”.

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Todos ellos, aprovechando la condición de Castillo como presidente, habrían ordenado a través de mensajes a la Policía y las FF.AA. que se alcen en armas contra el orden constitucional, los poderes del estado y los organismo autónomos, según la tesis fiscal.

Respecto a Chávez, la fiscal indicó que, de acuerdo con el testimonio de la reportera de TV Perú que cubrió el mensaje presidencial, la expremier le hizo un gesto para indicarle que ya había concluido. Acto seguido, Chávez le habría dado un abrazo a Castillo y le dijo “tranquilidad y fortaleza”.

La reporta le preguntó a la también congresista “ahora, qué viene”, a lo que Chávez le respondió “adelanto de elecciones”, sin precisar si serían generales o solo presidenciales.

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“Va a reestructurase el Estado, van a haber muchos cambios (...) ahora mismo tengo que emitir el Decreto Supremo”, afirmó la expremier, según el testimonio de la comunicadora.

La fiscal advirtió que en el caso de la expremier existe peligro de fuga y de obstaculización, ya que no cuenta con un arraigo domiciliario, arraigo familiar ni laboral tras haber sido suspendida en sus funciones de congresista.

Finalmente, estimó que, en caso sea condenada por el delito de rebelión, esta podría ser condenada a 23 años y 4 meses de prisión efectiva. En caso sea hallada culpable por el otro delito (conspiración), la pena es de 9 años y 11 meses de cárcel.

Se defiende

Chávez reapareció en la audiencia virtual para criticar el pedido de la Fiscalía en su contra, al señalar que carece de fundamentos y se basa en falsedades.

“Tienen que haber cuestionamientos sobre elementos objetivos y lo que tenemos en la presente argumentación de los representantes del Ministerio Público no solo son argumentos que carecen de toda lógica, sino que son falsedades”, indicó durante su intervención.

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A juicio de la expremier, dentro de la misma solicitud de la Fiscalía se dice una cosa y luego se desdice, por lo que incluye argumentos “totalmente falsos”.

Aseguró que sí cuenta con los arraigos necesarios y que la Fiscalía ha podido constatar que vive con sus padres en Tacna. En esa línea, criticó que se use como argumento que sea soltera y no tenga hijos.

“Si el Ministerio Público está indicando que se me suspenda de mis labores y luego indica que porqué se me ha suspendido, por eso no habría arraigo laboral, me parece una contradicción tremenda”, cuestionó.

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