Continúan las repercusiones en torno al conflicto entre el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El Poder Judicial admitió a trámite un recurso de hábeas corpus que busca frenar todos los actos que se han iniciado contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso; es decir, la investigación que realizará la comisión de Justicia por el plazo de 14 días por una presunta falta grave.
La medida también busca anular la decisión del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que decidió suspender las investigaciones que llevaba a cabo la JNJ en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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La demanda, impulsada por los abogados Carlos Paredes y Moisés Chamorro, fue acogida por el juez Juan Fidel Torres, del Noveno Juzgado Constitucional.
Tras esta decisión, el Poder Judicial dispuso notificar a los procuradores públicos del Poder Judicial, Congreso y de la Fiscalía para que respondan a la demanda.
Entre los demandados figuran los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, la comisión de Justicia y los congresistas que integran las bancadas Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso.
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El hábeas corpus también incluye a Benavides y a la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, quien dispuso una medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación para que la JNJ suspenda todas las investigaciones en su contra.
En el fallo judicial se precisa que con la decisión adoptada por Tarrillo Meneses “se estaría impidiendo a la JNJ cumplir con las funciones señaladas en su Ley Orgánica”.
En ese sentido, pidieron que se cese, en primer lugar, toda posible afectación o irreparabilidad de los derechos y descartar todo tipo de “ficciones anticipadas” por la medida cautelar que se otorgó a Benavides.
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También se exige que se detengan todos los actos de los congresistas contra la JNJ por considerar que vulneran los derechos de la institución de manera arbitraria y actuando “de mala fe” para desarticular a la institución, impidiendo las investigaciones contra Benavides.
El documento recibió el respaldo de 16 legisladores, mientras que uno lo rechazó y otros cuatro se abstuvieron. Esto, a pesar de que durante el debate se criticó que no se consignara las fechas para las diligencias ni se precisara en qué condición serán citados los involucrados en la pesquisa.
A los siete miembros de la JNJ se les cuestiona por haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. También por una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a Ávalos.
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