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La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no asistió la mañana de hoy, jueves 30 de noviembre, a la Comisión de Fiscalización del Congreso donde fue citada para que responda por la investigación que la involucra y que ha generado una crisis interna en el Ministerio Público.
La citación a la sesión extraordinaria convocada por el titular del grupo de trabajo, Wilson Quispe, estaba programada paras las 8:00 a.m. en la Sala Francisco Bolognesi del Parlamento.
Sin embargo, a través de un oficio dirigido al presidente del grupo de trabajo parlamentario, la titular de la Fiscalía de la Nación solicita la reprogramación “para la próxima semana”, y que se precisen los temas a tratar.
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“Hemos recibido el oficio 006183-2023-MP, de fecha 29 de noviembre, en el cual necesitan precisar de manera concreta el asunto de interés público que será materia del informe y la reprogramación de su citación para la siguiente semana”, dijo el legislador Quispe, al inicio de la sesión de la citada Comisión.
Como se sabe la citación por parte de la Comisión de Fiscalización solicitaba a Benavides que responda por su “presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en al Fiscalía de la Nación, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción identificados como el caso: La fiscal y su cúpula de poder-Operación Valkiria”.
¿De qué se le acusa a Patricia Benavides?
De acuerdo a la tesis fiscal, Benavides y tres asesores suyos (Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao) integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos.
Precisamente, por estos hechos la JNJ decidió iniciar un procedimiento disciplinario inmediato en su contra, tras la “existente evidencia suficiente” de una conducta notoriamente irregular de su parte.
En paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de una denuncia presentada en contra de la fiscal de la Nación, en la que se pide su inhabilitación por estos hechos.
En respuesta, Benavides no solo se resiste a renunciar, sino que presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por las muertes registradas en las protestas.
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