Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentran a un paso de ser removidos de sus cargos. Esta mañana, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda acusar a estos magistrados e inhabilitarlos en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Esto son: Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala, Inés Tello, Guillermo Thornberry, Antonio de la Haza y José Ávila, quien recientemente renunció a su cargo tras conocerse sus vínculos con el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva.
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Tras aprobarse este informe final, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, y el legislador Esdras Medina, serán los encargados de sustentar este documento ante el Pleno, que tendrá la última palabra respecto a la situación de estos siete magistrados.
Al respecto, el premier Alberto Otárola lamentó que se haya producido este conflicto entre el Congreso y la JNJ y que todo esto haya derivado en la posible destitución de los miembros de este último organismo.
“Como Ejecutivo, hubiéramos preferido que esta confrontación no sé dé. Sin embargo, estaremos atentos y daremos seguimiento al debate qué, seguramente, en las próximas semanas se abrirá sobre el mismo asunto en el Pleno”, indicó en conferencia de prensa.
El premier reiteró que desde un inicio el Ejecutivo manifestó su posición clara en favor de la defensa de la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos, en relación a la potestad que tiene el Parlamento de iniciar una investigación contra la JNJ.
“En la Constitución existe una constelación de órganos que tienen funciones específicas y de rango constitucional. Evidentemente, el Congreso tiene las facultades para iniciar estas investigaciones. La votación que se ha producido hoy día en la Comisión Permanente es una votación en la que han participado los grupos políticos y ha habido claramente una decisión en un sentido de la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, sostuvo.
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Respaldan posición del fiscal de la Nación interino
“Ayer, se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales”, cuestionó en un video publicado en las redes sociales.
Respecto a esta propuesta, Otárola remarcó que desde el Gobierno respaldan el mensaje que brindó Villena en defensa de la autonomía de su institución.
“Hemos respaldado al fiscal de la Nación en el mensaje que dio en el que reclama se respete esta autonomía constitucional. No olvidemos que el Ministerio Público es un órgano de vital importancia, sobre todo, en la persecución del delito y de la averiguación de la verdad, de la que todos los funcionarios públicos deben dar cuenta”, manifestó.
En consecuencia, dijo que también defienden, por principio constitucional, la independencia de la Fiscalía de la Nación, “tal como defendemos la independencia y el rol fiscalizador del Congreso respecto a los actos del Ejecutivo”.
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