La ONG Human Rights Watch (HRW) presentó su informe análisis del 2024 y criticó la actuación del Congreso de la República y la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
En dicho documento, advirtieron que el Parlamento aprobó leyes que “socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos”.
Por ejemplo, recordaron que, en diciembre del año 2023, el Parlamento aprobó una ley en la que se modificó el proceso de colaboración eficaz, que había sido una herramienta esencial en investigaciones sobre corrupción.
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En ese sentido, HRW advirtió que dichos cambios a la normativa “redujeron drásticamente el período que tienen los fiscales para corroborar las declaraciones de un colaborador, dificultando el uso de esta herramienta”.
El organismo también se pronunció por la decisión del Congreso de modificar la definición del crimen organizado, que, según sostienen, “dificulta a la Fiscalía investigar delitos relacionados con la criminalidad organizada, como la corrupción y la extorsión, haciendo que las investigaciones sean, en gran medida, ineficaces”.
Añadieron que durante el año pasado el Legislativo continuó con sus esfuerzos por debilitar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Boluarte y la inseguridad ciudadana
En lo que respecta a Boluarte, HRW concluyó que la mandataria “hizo poco o nada” por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho.
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Además, consideraron que su gobierno “implementó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, incluyendo esfuerzos por reprimir protestas y un creciente desprecio por la independencia judicial”.
La inseguridad ciudadana también fue abordada en el informe. El organismo recordó que la jefa de Estado dictó diversos estados de emergencia en distritos de la capital y ciudades del Perú; no obstante, advirtió que “esta estrategia ha sido ineficaz para hacer frente al crimen”.
“La presidenta también ha atribuido el aumento de la delincuencia, sin presentar evidencias que lo sustenten, a los migrantes y solicitantes de asilo de Venezuela”, cuestionaron.
Por último, hicieron hincapié en el tema de la corrupción y las investigaciones que afronta Boluarte en el Ministerio Público.
“Cinco expresidentes han sido acusados por corrupción. La presidenta (Dina) Boluarte continúa siendo investigada por supuestos aportes ilegales para su campaña política, así como por recibir relojes costosos por parte de un gobernador regional”, se lee en el documento.
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