Ante el aumento de la criminalidad en el país y de la comisión de algunos delitos graves, como la extorsión y el sicariato, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, convocó a una reunión del Consejo de Estado para evaluar esta problemático.
Así lo dio a conocer el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en su cuenta de la red social “X”, antes conocida como Twitter.
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“El Perú atraviesa una situación de grave crisis de inseguridad ciudadana, por lo que saludamos la convocatoria del primer ministro al Consejo de Estado”, indicó en un comunicado.
El también legislador de Alianza para el Progreso (APP) insistió en que urge consolidar un liderazgo en la lucha contra la delincuencia, así como una acción unitaria de los poderes del Estado e instituciones del Sistema de Justicia.
“Desde el Congreso aportaremos lo que corresponda para lograrlo”, añadió.
En ese sentido, Salhuana, en su calidad de titular del Parlamento, planteó una serie de temas y propuestas para ser abordados en dicha reunión.
En primer lugar, propuso la reforma de la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia, en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).
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También planteó la creación del Sistema Único de Seguridad Ciudadana, organismo que sería integrado por serenazgos municipales, centrales de video y vigilancia pública y privadas, seguridad privada y divisiones de inteligencia.
Fuero especial para policías
Salhuana también insistió en la necesidad de que El Ejecutivo dote de presupuesto a la PNP para comprar armas, vehículos y drones, así como posibilitar la formación de nuevos policías en un plazo excepcional y la priorización de acciones de inteligencia.
“Proceso o fuero especial para policías que abatan delincuentes con arma oficial”, añadió el congresista.
Consideró que se debe dar un presupuesto al Poder Judicial, Ministerio Público y la Defensoría Pública para la creación de Unidades de Flagrancia.
Finalmente, el titular del Parlamento planteó que haya un efectivo control de los centros penitenciarios del país, que involucre el aislamiento de reclusos para evitar la comisión de delitos desde dichos lugares, así como demandó la emisión del reglamento de dos leyes referidas a la entrega voluntaria de armas de fuego y la norma que reconoce los comités de autodefensa.
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