Jueces y fiscales serán sancionados si liberan a detenidos en flagrancia

El gobierno publicó este miércoles la Ley N° 32182, que establece una pena de ocho a doce años de prisión por delito de prevaricato, aplicado a jueces y fiscales que ordenen o dispongan la libertad de una persona detenida en flagrancia en situaciones particulares.

Según la norma, una persona detenida cuya pena privativa de la la libertad sea estimada mayor a cinco años, no puede ser liberada. En caso sucediera, se debe sancionar a los magistrados que hayan adoptado esta decisión.

Se detalla que los jueces y fiscales serán sentenciados a prisión si incumplen dolosamente sus deberes funcionales y liberal a estos detenidos en flagrancia, ya sea por la Policía Nacional o por arresto ciudadano.

LEA TAMBIÉN: Retos que enfrentará Janet Tello como nueva presidenta del Poder Judicial

En estos casos, la nueva ley también establece que un fiscal cometerá “falta muy grave” si dispone la libertad de personas detenidas en la condición anteriormente mencionada o no formula el requerimiento de prisión preventiva pese a contar con los elementos de convicción suficientes, o al hacerlo omita pruebas para que el juez declare infundado el requerimiento.

Otro de los cambios que establece la ley, es que el juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar mandado de prisión preventiva si hay indicios razonables que el imputado tratara de fugar u de obstaculizar las investigaciones.

La norma fue publicada hoy en el Diario Oficial, modificando la Ley de Carrera Fiscal, Ley de la Carrera Judicial, el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza: los tres ejes de su plan de gestión como nueva fiscal de la Nación

Opiniones

Este año fueron elegidas dos nuevas autoridades: Janet Tello, como presidenta del Poder Judicial; y Delia Espinoza, como nueva fiscal de la Nación.

Ambas, en sus planes de gestión y en sus primeras declaraciones, han dejado en claro que harán respetar el trabajo de los adscritos a su institución, considerando que desde el Congreso y el Gobierno se están elaborando leyes que atentan contra los deberes y derechos de los jueces y fiscales.