El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ratificó su afán por permitir que los policías y militares que empleen sus armas durante las “protestas violentas” no sean procesados penalmente.
En diálogo con la prensa, refirió que su iniciativa busca acabar con la persecución penal contra efectivos de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas que “enfrentan a hordas violentas que atacan activos críticos como aeropuertos, carreteras, locales públicos y privados”.
Al ser consultado si su propuesta —pendiente de debate en el Pleno del Congreso— entorpecería las investigaciones, sostuvo que estos legajos judiciales son “persecución política”.
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Fernando Rospigliosi agregó que su proyecto de ley contempla una disposición complementaria que anula los procesos judiciales contra 1,323 policías y militares investigados tras las manifestaciones sociales del 2022 y 2023.
Según el congresista fujimorista, las investigaciones penales contra policías y militares es "violatorio de sus derechos humanos". Foto: GEC
“A algunos los llaman como testigos y la estrategia inmediata es involucrarlos como acusados (...) Ojalá sea aprobado en el Congreso para evitar que sean torturados con una persecución inacabable. Es violatorio de los derechos humanos de policías y militares”, soslayó.
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En esa línea, instó al fiscal de la Nación Tomás Gálvez a desactivar el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), ya que este grupo tiene “más de 74 fiscales y funcionarios persiguiendo a policías y militares”.
