Dina Boluarte: Procuraduría pide información al JNE sobre presuntos aportes de Shimabukuro

Y es que su excolaboradora, Maritza Sánchez, reveló en Cuarto Poder que la entonces candidata a la vicepresidencia de la República, por Perú Libre (PL), habría recibido dinero del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, y de otros empresarios para su campaña de ese año.

Sánchez detalló que Shimabukuro, quien viene siendo investigado por la Fiscalía en el marco del caso “Gabinete en las sombras”, se encargaba de cubrir todos los gastos logísticos de Boluarte. Desde pasajes, viáticos y estadías en hoteles, hasta estrados para mítines.

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“(¿Qué cubrió exactamente Henry Shimabukuro?) Cuando él dice todo, es todo. Él no miente. (¿Cuánto puede ser todo?) En algún momento sacamos cuentas juntos y fue como S/ 800,000″, indicó Sánchez.

Tras conocerse esta noticia, Boluarte negó estas acusaciones y haber recibido un solo sol para su campaña. Es más, descartó cualquier coordinación directa o reunión con Sánchez y Shimabukuro, a quienes calificó de ‘topos’ de Castillo.

Sin embargo, el portal de investigación El Foco publicó unos chats y un audio intercambiado entre Boluarte y Sánchez que desbaratarían este argumento y confirmarían las coordinaciones entre ambas durante la campaña, así como una reunión entre la actual presidenta y el exasesor de Pedro Castillo.

Para agravar aún más la situación de la presidenta, Shimabukuro confirmó ayer, en una entrevista brindada al portal Epicentro, que corrió con los gastos de pasajes, estadías, comidas y demás viáticos durante la campaña de Boluarte.

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“Durante la campaña de la segunda vuelta, a todos los eventos que iba la doctora Dina Boluarte, iba a mi lado, incluso, en muchas oportunidades dentro de mi automóvil”, dijo tras precisar que todos los pagos se hicieron a través de su empresa, Kuroshima, Ingeniería y Construcciones, y que tiene facturas y boletas que lo acreditarían.

Al ser consultado por si Boluarte sabía sobre estos pagos, Shimabukuro recalcó que “ella lo sabía y, por supuesto, siempre me agradecía por el apoyo”, aunque no quiso decir el monto exacto que aportó a su campaña

¿Qué está haciendo la Procuraduría Anticorrupción frente a la denuncia?

En diálogo con Gestión, el procurador anticorrupción Javier Pacheco informó que su despacho ya tomó conocimiento sobre esta denuncia periodística y que solicitará información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos electorales sobre estos presuntos aportes entregados por Shimabukuro.

Explicó que lo que se busca es determinar si nos encontramos ante un presunto delito vinculado a corrupción o si se trata de un delito como consecuencia de una omisión de información requerida por el JNE y los distintos organismos que auditan los procesos electorales.

“Entonces, estamos en esa línea. Estamos haciendo el pedido de información y, una vez que tengamos la documentación, determinaremos si nos encontramos ante un delito de corrupción. Si es así, lo corroboraremos y lo denunciaremos, porque sí seriamos competentes por cuanto en ese tiempo, la señora presidenta (Dina Boluarte) era una persona común, pero habrá que establecer que vinculación hay”, indicó.

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En caso se tratara de un delito electoral, Pacheco remarcó que ahí tendría que intervenir el procurador del JNE o de la ONPE conforme a sus atribuciones. “En caso se dé este escenario, correremos toda la información que tengamos para que el procurador competente actúe”, dijo.

Al ser consultado por la agenda que tendría en su poder Sánchez, y que contendría todas las coordinaciones y reuniones de Boluarte durante su campaña, el procurador anticorrupción señaló que, en caso se defina que son competentes en esta denuncia, solicitarán tener acceso a esa libreta.

“Si es que es nuestra competencia, pediremos tener acceso (a la agenda de Boluarte). No te olvides que estas son acciones y conductas que habría realizado antes de ser elegida como una funcionaria por voto popular”, aseveró.

¿Cuáles son las consecuencias legales que afrontaría Boluarte?

El abogado penalista y docente de la Universidad de Lima, Carlos Caro, indicó a Gestión que ahora lo que corresponde es que una Fiscalía ordinaria abre una investigación preliminar en su contra, y los otros involucrados, por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Explicó que la indagación debe estar a cargo de una Fiscalía ordinaria y no por el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido a que el presunto delito se habría cometido cuando Boluarte aún no era funcionaria.

“Ella (Dina Boluarte) puede ser investigada por un fiscal de primera instancia y hay un precedente en el caso de Martín Vizcarra. Él fue investigado siendo presidente por hechos cometidos cuando era gobernador regional de Moquegua. La indagación fue realizada por el Equipo Especial Lava Jato y no por el despacho del fiscal de la Nación”, apuntó.

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Caro remarcó que el primer delito sería el financiamiento prohibido de partidos; sin embargo, señaló que se podría añadirle lavado de activos en caso se demuestre que ese dinero, producto de los aportes, haya sido lavado e insertado al sistema.

“Hay una prohibición desde el año 2019 que indica que un partido no puede recibir cualquier tipo de aporte privado, sea de la fuente que sea. Lo grave es que si esta plata proviniera de alguien que está investigado por un tema delictivo, como ocurre en el caso del señor Shimabukuro, la sospecha es mucho más fuerte de ilegalidad, por eso ahí podría mezclarse con el tema de lavado. Todas las hipótesis en este momento se manejan así”, acotó.

Respecto a las contradicciones que ha tenido Boluarte ante esta denuncia, consideró que la dejan endeble porque la da fuerza a la denuncia de su exasesora, Maritza Sánchez.

Finalmente, Caro recordó que el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas es castigado con una pena mínima de ocho años de prisión efectiva. “Con agravantes podría llegar incluso hasta los 15 años de cárcel efectiva”, agregó.

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¿Cuál es la sanción que podría recibir Perú Libre?

Por su parte, el exsecretario general de la ONPE, Fernando Velezmoro, indicó a este diario que la ONPE tiene que realizar los actos de investigación y constatación previos a la apertura de un proceso sancionador contra el partido (Perú Libre).

El especialista recordó que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República no están obligados a reportar sus gastos e ingresos de campaña, sino el tesorero del partido al que pertenecen.

“Se debe verificar si, efectivamente, estos gastos se realizaron; es decir, tratar de verificar si Boluarte se desplazó a las regiones donde presuntamente habría ido, según Shimabukuro y Sánchez, y si el dinero empleado para movilizarse fue utilizado como gasto de campaña (…) debe esclarecerse los hechos y saber si este gasto u aporte ocurrió o no, porque hasta el momento solo estamos hablando de declaraciones”, señaló.

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Respecto a las sanciones que podría recibir Perú Libre, Velezmoro dijo que, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la infracción por no haber informado sobre estos aportes de campaña es de 16 UIT (S/79,200) A 30 UIT (S/148,500).

Velezmoro también recordó que el artículo 31 C, de la LOP, establece que los partidos no pueden recibir aportes de personas jurídicas con fines de lucro, ya sean nacionales o extranjeras. Este punto es importante porque, de acuerdo a las declaraciones de Shimabukuro, todos los pagos se hicieron a través de su empresa, Kuroshima, Ingeniería y Construcciones.

“En caso de haber recibido aportes de fuente prohibida, la sanción es pagar el íntegro del dinero entregado indebidamente. Si la señora Maritza Sánchez afirma que son como S/ 800,000, esa misma cantidad debería ser devuelta por el partido al erario público”, dijo.

Finalmente, advirtió que, como consecuencia de este presunto ocultamiento de aportes, Perú Libre también podría recibir el financiamiento público directo que recibe del Estado.

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