Esta prerrogativa, vigente desde el pasado 20 de abril, quedó establecida tras la aprobación de la Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de esta información ante las entidades bancarias y los órganos de la Administración Tributaria.
Así, el contralor Nelson Shack podrá solicitar esta información confidencial, debidamente sustentada, de funcionarios que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno y el pedido deberá atenderse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
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¿Qué tipo de funcionarios están comprendidos en la norma?
En diálogo con Canal N, la gerente de análisis de información de la Contraloría, Jeniffer Pérez, explicó que su institución solo podrá acceder al secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios que manejen fondos públicos.
“La competencia de la Contraloría es con respecto al funcionario o servidor público que maneja, además, fondos públicos (...) estamos hablando de titulares de pliego que toman decisiones, como ministros de Estado, alcaldes y gobernadores”, señaló.
En ese sentido, descartó que su institución pueda acceder al secreto bancario de la presidenta Dina Boluarte, quien viene siendo investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documentos y cohecho pasivo impropio en el marco del caso Rolex.
“El titular del pliego corresponde al secretario general del despacho presidencial. En este caso particular, la atribución que tiene el contralor general es solamente con los que tienen fondos públicos”, acotó.
Respecto al caso de la jefa de Estado, la funcionaria recordó que la Contraloría ya evaluó en el año 2022 las declaraciones juradas de Boluarte, no obstante, reconoció que solo se revisó lo concerniente a un año, por lo que remarcó que su institución ya viene revisando los documentos presentados por la presidenta durante el 2023.
“En esta nueva evaluación se está incluyendo hasta el cierre del periodo 2023, donde tenemos más información respecto a mayores declaraciones juradores”, apuntó.
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Pérez remarcó que la Contraloría si podrá acceder a las cuentas de los gobernadores regionales. Precisamente, al ser consultada por los casos de los gobernadores Wilfredo Oscorima (Ayacucho) y Werner Salcedo (Cusco), quienes están involucrados en el caso Rolex, adelantó ya se ha iniciado el trabajo de la revisión de sus declaraciones juradas al recibir información por parte de los auditados.
En caso ambos gobernadores no hayan transparentado su información en las declaraciones juradas, dijo que recién se podrá determinar la necesidad de poder pedir el levantamiento del secreto bancario de estos funcionarios, pero precisó que eso lo determinará la comisión de control de la entidad.
“Estamos terminando el análisis de estas declaraciones juradas. La comisión de control, en el marco de su autonomía, al terminar la acción de control determinará si, existiendo un presunto incremento patrimonial que no esté justificado, se activará este mecanismo”, apuntó.
Patricia Benavides y los congresistas
Al ser consultada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es sindicada de liderar una presunta organización criminal enquistada en su institución, la funcionaria indicó que en este momento no hay ninguna acción de control en curso, aunque recordó que anteriormente ya se revisaron sus declaraciones juradas y lo encontrado fue comunicado a las autoridades competentes.
“En este caso si tenemos que advertir que está sujeto a la reserva de control, ya en su momento ha tenido una verificación por parte de la Contraloría”, agregó.
Sin embargo, ante la aparición de más denuncias en contra de Benavides, que incluiría un presunto pago de sobornos, Pérez señaló que para que el contralor pueda solicitar acceder a sus cuentas bancarias debe recibir previamente el visto bueno de la comisión de control.
La funcionaria, finalmente, añadió que, a partir de esta herramienta, se va a permitir a la Contraloría analizar de manera más integral los casos que involucran a congresistas.
“Evidentemente, eso va a requerir que en el marco de una denuncia ante el Ministerio Público se puedan activar otro tipo de mecanismos”, manifestó.
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