Patricia Benavides: los miembros de su presunta organización criminal y la labor que cumplieron

Además, se detuvo a los exasesores del Ministerio Público Miguel Girao y Abel Hurtado, el abogado Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzáles, el empresario Giancarlo Valer Enciso, entre otras personas más. Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y lavado de activos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta organización criminal ya no solo habría buscado negociar los votos de los congresistas a cambio de archivarles investigaciones fiscales, influido en la designación del Defensor del Pueblo e impulsado la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir la destitución de Benavides, sino también sus miembros habrían obtenido ganancias ilícitas a través del direccionamiento de contrataciones públicas en la institución.

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“Así también, con la necesidad de requerir mayores activos ilegales (los integrantes de la organización criminal) se extendieron a direccionar contrataciones públicas por más de S/ 7′522,436.18, recibiendo toda la cúpula de la organización criminal una coima por la suma de S/ 70,000 por parte de Johan Chauca Iparraguirre, gerente general de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C., dinero que habría llegado hasta las propias manos de Benavides”, se lee en la resolución judicial, a la que accedió Gestión.

En el documento también se precisa que son 25 las personas identificadas por la Fiscalía que presuntamente integrarían la organización criminal que habría liderado Benavides, sobre quien pesa una orden de impedimento de salida del país.

En la lista destacan fiscales, asesores y funcionarios del Ministerio Público, abogados, empresarios, un policía y un periodista.

En lo que respecta a Benavides, Juan Fernández Jerí (Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público), Marco Huamán Muñoz (exencargado del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales), Ricardo Dulanto Ysla (fiscal provincial), Abelardo Caycho Ramis (fiscal provincial) y Angie Távara Roque (abogada), se precisa que son funcionarios que habrían tenido participación en la descripción de los hechos y que se comunicará a la instancia fiscal correspondiente sobre la participación de estas personas en “presuntos actos delictivos a fin que se practiquen actos de investigación y se establezcan responsabilidades”.

¿Quiénes son los demás integrantes de esta organización criminal?

Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado

Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado trabajaron como asesores en el Ministerio Público durante la gestión de Benavides. El primero cumplía con el rol de coordinador y operador de la organización criminal, mientras que los otros dos solo serían operadores.

De acuerdo con la Fiscalía, Villanueva, quien actualmente es aspirante a colaborador eficaz, era “la voz autorizada” para desplegar los proyectos delictivos de influenciar ilícitamente en las decisiones de congresistas en procedimientos constitucionales y así obtener beneficios para fines particulares.

Para el EFICCOP, los tres exfuncionarios “cumplieron a cabalidad encargos y mandados de Benavides de poner en marcha el proyecto criminal de identificación de, primero, hacer un sondeo en los congresistas para conocer que pensaban de la suspendida fiscal de la Nación; segundo identificar a los congresistas que estaban siendo investigados para negociar su intención de voto en cuestiones de discreción de los propios parlamentarios y, tercero, negociar con los legisladores que estaban siendo investigados para que orienten su intención de voto y, en contraprestación, reciban archivos de sus investigaciones en la Fiscalía de la Nación”.

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Además, Villanueva y Girao habrían desplegado acciones corruptivas para la recaudación de activos ilícitos para la organización. Esto, a través de la gestión de destitución y designación de fiscales en favor de José Luis Castillo Alva, investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. De este personaje habrían recibido altas sumas de dinero, así como también habrían recibido coimas para el archivo de investigaciones en las Fiscalías de Lavado de Activos.

No satisfecho con ello, los dos exasesores coordinaron lo correspondiente para direccionar y favorecer a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. en la adquisición de equipos de cómputo por más de S/ 7′000,000.

Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón Dall’Orto

El exministro y empresario Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón Dall’Orto tienen la condición de coordinadores de la presunta organización criminal, según la tesis fiscal.

Ambos personajes, que tenían el interés por buscar ser favorecidos en una investigación en el Equipo Especial Lava Jato, “habrían gestionado ilícitamente ante el Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Fernández Jerí, para que, mediante un procedimiento administrativo sancionador, suspendan al Coordinador Nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos y el Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba”.

En octubre del año pasado, Vela fue suspendido durante ocho meses y 15 días en su cargo por una presunta inconducta funcional; sin embargo, en marzo de este año los jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima acogieron una medida cautelar presentado por el fiscal y ordenaron su reposición.

Rudy Aguedo del Castillo

El abogado Rudy Aguedo del Castillo cumpliría el rol de operador de la presunta organización criminal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, este sería el enlace de Fernández Jerí y la cúpula del Ministerio Público, “coordinando directamente con Girao y Villanueva, trasladando mensajes dispuestos por Benavides para suspender de la labor fiscal a Vela, quien coordinaba las investigaciones contra Garrido Lecca y José Luis Hauyón”.

Claudia Ruiz Mesías

Claudia Ruiz Mesías es una abogada y esposa del fiscal Ricardo Dulanto, quien sería una de los integrantes de la presunta organización criminal. Tendría la condición de operadora.

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De acuerdo con la tesis fiscal, la abogada habría captado a Guillermo Silva Loli para que Benavides lo nombre como Fiscal Adjunto Provisional y lo designe como miembro del EFICCOP.

Esto, con la finalidad de que el fiscal en mención sea “los ojos y oídos de la cúpula del poder en el Ministerio Público, informando sobre las acciones investigativas que vendría haciendo el EFICOOP y poniendo en evidencia el operativo policial de detención de Villanueva y el allanamiento de inmuebles de otros investigados, lo que sirvió para que ellos se deshagan de elementos incriminatorios”.

Franccesco Franco Flores

Franccesco Franco Flores se desempeñó como asistente de gestión en el despacho de la Fiscalía de la Nación durante el mandato de Benavides. Habría tenido el rol de operador en la presunta organización criminal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, más allá de haber sido un asistente en función fiscal, “este fungía de un fiel colaborador de Girao, pues sería la persona que ejecutaba los depósitos en efectivo producto de las coimas que se recibían en el despacho de la Fiscalía de la Nación por el direccionamiento de las contrataciones públicas, así como por la remoción y designación de fiscales alineados al investigado Castillo Alva”.

Precisamente, Franco Flores realizó un depósito por S/ 93,000 a la cuenta de Girao en marzo del año 2023. Dicho dinero tendría origen ilícito.

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José Castillo Alva y Mirtha Gonzáles Yep

El abogado José Castillo Alva, quien viene siendo investigado por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, y su esposa, Mirtha Gonzáles Yep, fueron detenidos en el marco del operativo “Valkiria XI”. El primero tendría el rol de coordinador y operador de la presunta organización criminal, mientras que su pareja sentimental sería solo una operadora.

De acuerdo con tesis fiscal, Castillo, en su afán de lograr la destitución de los fiscales que llevaban la investigación en su contra, se integró a la organización criminal que lideraba Benavides, entregando altas sumas de dinero a Villanueva y Gira como contraprestación de haber logrado la destitución de los fiscales Jorge Diaz Cabello y otros.

Además de ello, puso a disposición de la organización criminal al policía de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho, a quien previamente ya había captado junto con Gonzáles Yep para que testifique en favor del proceso administrativo que se llevaba en contra de Benavides en la JNJ.

En lo que respecta a Gonzáles Yep, más allá de ser la pareja sentimental de Castillo, habría participado activamente en las acciones de concertación para remover a fiscales de Lavado de Activos y del Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”, dando dádivas a Rodríguez Menacho como contraprestación a su disposición para testificar en favor del proceso administrativo que se llevaba en contra de Benavides en la JNJ.

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Jorge Rodríguez Menacho

Jorge Rodríguez Menacho es un capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) que integró la Diviac. Habría tenido el rol de operador de la presunta organización criminal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el policía “se puso a disposición de la organización criminal, testificando en favor de Benavides en el proceso administrativo que se llevaba en la JNJ”.

En su análisis, habría omitido la existencia de comunicaciones de la suspendida fiscal de la Nación con personajes ligados a los investigados en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Esto, respondía al programa criminal establecido con antelación por Villanueva, Girao, Castillo, Gonzáles Yep y Jefferson Moreno Nieves.

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Juan Carlos Tafur

Juan Carlos Tafur es un periodista y director del portal de investigación “Sudaca”. Habría tenido el rol de operador dentro de la presunta organización criminal.

De acuerdo con la tesis fiscal, aprovechando que es periodista y que tiene apertura a los medios periodísticos, este se habría puesto a disposición del programa criminal, “publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior y coordinadora del EFICCOP, Marita Barreto, que había sido formulado por Castillo”.

Además de ello, habría participado activamente en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de Castillo, investigado por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Tras el allanamiento a su vivienda, el periodista calificó dicha medida de “irracional” e “inmotivado”. A su juicio, todo esto sería una venganza de Barreto por el artículo periodístico que publicó en su contra.

Jefferson Moreno Nieves

Jefferson Moreno Nieves es un abogado penalista y habría tenido el rol de operador dentro de la presunta organización criminal. Se desempeñó como defensor legal de Castillo.

Para la Fiscalía, en su calidad de abogado de Castillo habría participado activamente en la planeación y concertación de los detalles para desplegar la destitución de fiscales del Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”, fungiendo de enlace entre Benavides y sus exasesores con su cliente.

Asimismo, con el afán de desprestigiar al EFICCOP, habría formulado un texto de desprestigio contra Barreto, que concertadamente sirvió como fundamento para una denuncia ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Giancarlo Valer Enciso

Giancarlo Valer Enciso es un empresario y representante de la compañía Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. Tendría la condición de coordinador y operador de la presunta organización criminal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, no solo habría concertado directamente con Villanueva y Girao las acciones para el favorecimiento de las contrataciones millonarias, sino también habría sido quien trasladaría las coimas cuantiosas de su empresa para ser entregadas a los exasesores de Benavides.

Un aspirante a colaborador eficaz informó que Valer habría entregado una coima de S/30,000 a Benavides a cambio de que favorezca a su empresa en la licitación para la adquisición de más de 700 computadoras.

Además, Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. ganó contratos por más de S/ 7 millones durante gestión de Benavides, según reveló la Fiscalía.

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Jorge Palomino Quesada

Jorge Palomino Quesada es administrador y se desempeñó como Gerente de Logística del Ministerio Público durante la gestión de Benavides. Habría tenido el rol de operador dentro de la presunta red delictiva.

Para la Fiscalía, Palomino habría concertado con Villanueva y Girao para hacerse de contratos millonarios con las empresas vinculadas a Valer Enciso, participando activamente en el favorecimiento a Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. para la contratación de equipos de cómputo por S/ 7′522,436.18.

Freddy Zavala Celi

Freddy Zavala Celi es un oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y se desempeñó como gerente de la oficina de abastecimiento del Ministerio Público en la gestión de Benavides. Habría tenido el rol de operador.

De acuerdo con la tesis fiscal, este se habría integrado al programa criminal copando la Gerencia de Abastecimiento del Ministerio Público. Ello, previo acuerdo con Valer, puesto que una vez que asumió el cargo gerencial, el pasado 5 de setiembre del 2023, las ventas de Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. se incrementaron exponencialmente por S/ 7′522,436.18.

Blanca Arce Barboza

Hasta hace unos días, Blanca Arce Barboza se desempeñó como directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda; sin embargo, tuvo que renunciar a su cargo tras conocerse que presuntamente integraría la red criminal que habría liderado Benavides.

Para la Fiscalía, la exfuncionaria se habría integrado al programa criminal, copando la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora Nº 011- Carpeta Fiscal Electrónica. Esto, previa concertación con Valer, Villanueva y Benavides.

Arce habría realizado actos administrativos orientados a favorecer en la licitación para la implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público a una de las empresas vinculadas a Valer.

Jenny Ochante Cahuana

Finalmente, Jenny Ochante Cahuana es una exfuncionaria del Ministerio Público que integró el comité de selección para la licitación del Data Center principal y Data Center de contingencia de dicha institución. Habría tenido el rol de operadora.

De acuerdo con la tesis fiscal, se integró al programa criminal y se opuso a la viabilidad de la selección del postor ganador en la licitación obedeciendo a intereses subrepticios, pues fue incorporada como miembro del comité de selección titular por disposición de Arce, quien habría sido designada como directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora Nº 011- Carpeta Fiscal Electrónica del Ministerio Público bajo el acuerdo ilícito entre Benavides, Villanueva, Girao y Valer.

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SOBRE EL AUTOR

Carlos Hinostroza Sánchez

Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.