El contralor general César Aguilar manifestó que el Perú está pasando por una coyuntura particularmente sensible, que está marcada por un proceso electoral y por situaciones que han generado legítimas demandas de mayor transparencia en la actuación de actores públicos, por lo que la labor del control gubernamental debe ser objetiva, ajena a sesgos políticos y centrado exclusivamente en la protección del interés público.
“En escenarios como este, el control gubernamental trasciende su función técnica para asumir una dimensión institucional más profunda y se convierte en un factor de equilibrio republicano. No es un instrumento de confrontación ni un actor del debate político; es el mecanismo que preserva la regularidad del sistema, garantiza la legalidad en el uso de los recursos públicos y protege el principio de responsabilidad en la gestión del Estado”, dijo durante la jornada inaugural de la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción ante las autoridades y representantes de 32 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del exterior.
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Por ello, subrayó que, en tiempos de mayor tensión política, la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de cuestionamientos, sino por la solidez de sus instituciones de control y es así que la Contraloría General actúa como garante de esa estabilidad institucional, asegurando que la administración de los recursos públicos se mantenga dentro de los márgenes de la ley, la eficiencia y la transparencia.
En materia de lucha contra la corrupción, Aguilar indicó que, en términos económicos, la corrupción genera una asignación ineficiente de los recursos públicos, distorsiona la competencia, eleva los costos institucionales y deteriora la productividad del gasto estatal.
“Cada sol indebidamente utilizado no representa solo una pérdida financiera; implica menor inversión en infraestructura, salud, educación y oportunidades para la población. En consecuencia, se erosiona la rentabilidad social del gasto público, entendida como la capacidad del Estado de transformar recursos fiscales en bienestar colectivo”, puntualizó.
En ese sentido, señaló que la lucha anticorrupción no puede limitarse a la sanción posterior del ilícito, sino que debe estructurarse como una política pública de gestión anticipada de riesgos, orientada a proteger el valor público antes de que el daño se materialice. Es por ese motivo que la Contraloría General de la República del Perú ha adoptado, como eje estratégico de su gestión, un enfoque preventivo sustentado.
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Bajo este contexto, la Contraloría General de la República del Perú viene promoviendo y orientando su modelo de control hacia la consolidación de un sistema de análisis prospectivo, basado en la evaluación de riesgos, interoperabilidad de información, trazabilidad de procesos contractuales y monitoreo estratégico de sectores críticos como infraestructura vial, educativa y hospitalaria.
“Somos plenamente conscientes de las restricciones presupuestales y estructurales que enfrenta nuestra institución. Sin embargo, la calidad del control no se define por la magnitud de los recursos asignados, sino por la solidez del planeamiento estratégico, la fortaleza institucional y la independencia técnica con la que se actúa”, comentó el titular de la EFS del Perú.
Manifestó que la experiencia demuestra que los Estados que consolidan esquemas preventivos robustos no solo reducen el costo fiscal de la corrupción, sino que fortalecen la confianza institucional, disminuyen la incertidumbre regulatoria y generan condiciones más estables para la inversión y el desarrollo sostenible.
Contralor César Aguilar señaló que la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de cuestionamientos, sino por la solidez de sus instituciones de control. Foto: contraloría
Intercambio de experiencias
A su turno, Mohamed El-Faisal Youssef, presidente de la Autoridad Estatal de Responsabilidad de Egipto y presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mencionó que el fenómeno de la corrupción requiere la aplicación de estrategias proactivas por parte de las autoridades y entre las cuales están las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), con el objetivo de proteger el correcto uso de los recursos púbicos y promoviendo la transparencia a nivel internacional.
Por ello, subrayó que la comunidad internacional debe jugar un rol estratégico en un contexto de cooperación entre los países y sus autoridades, respetando sus jurisdicciones y normativas para combatir la corrupción, acompañado de aplicación de los inmensos avances tecnológicos que se ven en el mundo. “La lucha contra la corrupción debe ser una agenda internacional”, indicó.
Políticas anticorrupción globales
La primera Mesa de Alto Nivel de la cumbre, denominada “Políticas anticorrupción globales y rol estratégico de las EFS en la lucha contra la corrupción transnacional”, reunió a una serie de especialistas como Walter Sosa Funes, presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, quien subrayó que los desafíos actuales de la lucha anticorrupción incluyen la necesidad de una mayor colaboración entre gobiernos y el uso de tecnologías avanzadas para detectar y combatir la corrupción transnacional.
También manifestó que a través de la cooperación internacional se debe fomentar la capacitación constante al talento humano de las EFS, es posible avanzar en la lucha contra la corrupción. “Todas las instituciones públicas tienen un papel crucial en la lucha anticorrupción, adoptando prácticas éticas y promoviendo una cultura de integridad en todas sus acciones y decisiones, mientras que las EFS deben garantizar que los sistemas de integridad no fallen”, acotó.
A su turno, Ľubomír Andrassy, presidente de la Oficina Superior de Auditoría de la República Eslovaca, puntualizó que tener EFS fuertes e independientes es algo relevante para el sector público de los países, así como procedimientos internos de alta calidad y una mejora de las herramientas y métodos de auditorías. También consideró clave tener una comunicación transnacional y un intercambio de información vinculado a la lucha anticorrupción.
Finalmente, Olivier Inizan, representante regional adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, subrayó que la lucha contra la corrupción requiere un liderazgo político sostenido, cooperación efectiva y la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés).
Otras políticas clave que resaltó fue el rol de las EFS en la integridad pública, ya que las EFS fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en la gestión pública; promover alianzas entre la UNODC y OLACEFS para generar resultados concretos y sostenibles en lucha contra la corrupción; e impulsar la innovación tecnológica en el control mediante la integración de la Inteligencia Artificial y el análisis de datos para anticipar riesgos y robustecer los sistemas de control.
