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Cuando todo hacía suponer que el enfrentamiento entre el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se habría enfriado, el último martes se reactivaron las hostilidades tras conocerse que la Junta de Portavoces acordó priorizar en la agenda del Pleno la moción que recomienda remover “de manera inmediata” a los integrantes de esta institución, tras haber suspendido en el cargo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el plazo de seis meses.
Un día después, dicho órgano del Parlamento aprobó citar a los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, para este viernes, a las 3:00 p.m., a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa.
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Tras sus intervenciones, el Pleno del Congreso pasará a debatir la moción y someterla a votación.
Al cierre de la edición, los miembros de la JNJ aún no decidían si acudirán hoy al Parlamento, o si enviarían a sus abogados.
Ad portas de la votación que definiría la suerte de estos siete magistrados, en esta nota recordaremos cómo se originó este conflicto y cuáles fueron los factores que la avivaron hasta llegar a este escenario.
1. La denuncia de Patricia Chirinos y la investigación del Congreso
A fines de agosto pasado, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una moción para investigar a los miembros de la JNJ por una presunta falta grave.
En la primera semana de setiembre no solo el Pleno aprobó la moción y encargó a la comisión de Justicia realizar la indagación sumaria por el plazo de 14 días, sino también diversos organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), empezaron a advertir los riesgos de la remoción de estos magistrados.
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Tras culminar su investigación, la comisión de Justicia aprobó su informe final, que recomienda la remoción de los miembros de la JNJ por una “causa grave”. El grupo de trabajo concluyó que estos magistrados deben ser destituidos por tres casos en concreto.
Estos son: por interpretar que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo, pese a que había superado los 75 años de edad, por no haber cumplido con presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso y por haber emitido un comunicado en el que piden reflexión al Parlamento frente al proceso de acusación constitucional que afrontaba la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Esto, a pesar de que el preinforme, elaborado por los asesores y técnicos del grupo de trabajo, en sus conclusiones no encontró causa grave en la actuación de estos magistrados en ninguno de los casos; sin embargo, a pedido de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otras bancadas, el documento fue modificado.
Desde la JNJ calificaron de ilegal e inconstitucional el proceso iniciado en el Congreso para removerlos de sus puestos. El vicepresidente de dicha institución, Aldo Vásquez, presentó una acción de amparo para anular el informe.
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2. La intervención del Poder Judicial en el conflicto
Unos días después, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de la JNJ y convocó a las partes a una audiencia a realizarse el próximo viernes 24 de noviembre, a las 8:45 a.m.
Sin embargo, el Parlamento decidió seguir adelante con el proceso. A inicios de noviembre, el presidente de la institución, Alejandro Soto, informó que el debate y votación del informe final se realizaría el próximo miércoles 8 de ese mes. Para dicha sesión fueron convocados los siete magistrados a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa.
Un día antes de la votación de la moción en el Pleno, la Corte Superior de Justicia de Lima aceptó, en parte, una medida cautelar presentada por la JNJ y ordenó al Parlamento suspender provisionalmente la investigación en contra de los magistrados.
Tras conocerse la noticia, la JNJ informó que acatarán este fallo judicial y que no se presentarán ante el Congreso. En tanto, diversos legisladores rechazaron la intervención del Poder Judicial en el conflicto. Es más, Patricia Chirinos presentó una denuncia por prevaricato en contra de los jueces que acogieron la demanda de los magistrados, la cual fue recogida por la Fiscalía.
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Pese a esto, Soto informó que de todas maneras seguirán adelante con el debate y votación del informe final, así los miembros de la JNJ no estén presentes para ejercer su defensa; no obstante, un día después retrocedió y anunció que la sesión se reprogramará oportunamente, aunque no dio una fecha exacta.
En paralelo, la Procuraduría del Congreso pidió al Tribunal Constitucional (TC) que ejecute la sentencia de la demanda competencial entre el Parlamento y el Poder Judicial. De esta manera, buscan que este organismo anule la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenó suspender la indagación contra la JNJ.
3. La destitución de Patricia Benavides a cargo de la JNJ
Cuando todo hacía suponer el enfriamiento de las hostilidades entre la JNJ y el Congreso, una noticia remeció la política y el Ministerio Público. En el marco del operativo ‘Valkiria V’, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) realizó una serie de allanamientos a las viviendas y despachos de tres asesores de Benavides y ordenó la detención de su mano derecha, Jaime Villanueva.
De acuerdo a la tesis fiscal, Benavides y sus tres asesores integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas para la remoción de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Ávalos.
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En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, Benavides calificó las investigaciones en su contra como “un acto torpe” de intentar desestabilizar la independencia y autonomía de su institución, utilizando para tan deleznable propósito a algunos fiscales. A su vez, anunció que presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por las muertes en las protestas.
Sin embargo, salieron a la luz diversas pruebas y chats que demostrarían que Villanueva habría coordinado con algunos congresistas diversas acciones, como por ejemplo, los votos para lograr la inhabilitación de Ávalos.
Ante este escenario, al exasesor de Benavides no lo quedó otra que acogerse a la colaboración eficaz para librarse de una prisión preventiva. Villanueva no solo confirmó ante la Fiscalía que realizaba las coordinaciones por orden de la suspendida fiscal de la Nación, sino también reveló que esta usaba el alias ‘Vane’ en el aplicativo de mensajería “Signal” para dar las órdenes. De esta manera, evitaba que fuera reconocida y puesta en evidencia.
A la par de estos hechos, Benavides empezó a hacer diversos cambios en algunas fiscalías claves. Por ejemplo, removió a Marita Barreto de la coordinación del EFICCOP y designó, en su lugar, a José Cuya Berrocal, quien renunció luego a dicha encargatura.
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Tras oficializarse su suspensión, Pablo Sánchez asumió de manera interina como fiscal de la Nación; sin embargo, unos días después cedió el puesto al otro integrante de la Junta de Fiscales Supremos: Juan Carlos Villena.
En paralelo, Benavides presentó una serie de recursos para retornar al cargo, entre ellas, una acción de amparo, que ya fue admitida a trámite.
4. Se presenta una nueva moción para destituir a la JNJ
El Congreso no quiso quedar al margen tras conocerse la suspensión de Benavides. La bancada de Renovación Popular (RP) presentó una nueva moción para remover de manera inmediata a los miembros de la JNJ por este hecho.
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La iniciativa se ampara en el artículo 157 de la Constitución, que establece que los miembros de la JNJ “pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios (87) del número legal de miembros”.
Para esta bancada, la suspensión de Benavides en el cargo constituye una “flagrante violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la JNJ”, puesto que dicho acto se ha producido a pesar de existir un manifiesto conflicto de intereses entre la fiscal y los magistrados de dicha institución.
Desde la JNJ acusaron un acoso de parte de un sector del Congreso al recordar que desde hace un año se han presentado hasta cuatro denuncias constitucionales en contra de sus magistrados, así como tres mociones que proponen destituirlos en sus cargos.
De igual manera, la CIDH se pronunció en contra de esta nueva moción que busca destituir a los miembros de la JNJ.
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