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La comisión de Justicia del Congreso aprobó que el pleno del Congreso, al amparo del art. 157 de la Constitución, remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta “falta grave”.
En el informe se cuestiona que la JNJ haya permitido la permanencia de la magistrada Ines Tello, pese a contar con 75 años de edad, bajo el argumento que el límite de 75 años es solo para ingresar a la junta.
“Se halló causa grave por incumplir con el artículo 156 inciso 3 de la Constitución Política, debido a que según la exposición de motivos de la Ley de Reforma Constitucional de dicho artículo, la interpretación de dicha disposición se refería a una edad para la permanencia en el cargo y no solo como requisito para postular, por lo tanto se debe proceder conforme al artículo 157 de la Constitución”, señaló el texto del informe final.
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El informe final se aprobó con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el mismo que ahora deberá ser debatido en el Congreso.
En el documento final se aprobó así remover a Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
Cambio de texto del informe final
Inicialmente el informe final, tras realizar las pesquisas del caso, e interrogar a varios testigos y especialistas, planteó que “no se halló falta grave” en ninguna de las imputaciones que se hizo contra los magistrados.
Sin embargo, tras ir por un cuarto intermedio, se planteó el cambio del texto, en el que ahora sí se imputa una “falta grave” en los magistrados.
En las recomendaciones solo se exhortaba a los integrantes de la JNJ a “evitar pronunciarse sobre casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado”.
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Cabe recordar que en agosto pasado la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó ante el Pleno una moción para investigar a estos siete magistrados por haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida Ávalos.
También por una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a la exfiscal de la Nación.
Respecto al primer punto, la comisión determinó que “no se encuentra causa grave” toda vez que, el comunicado escrito, colgado y difundido es un documento público que no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso, ni causó presión alguna sobre los congresistas que votaron en contra de Ávalos.
En cuanto al segundo punto, el grupo de trabajo concluyó que “no es posible determinar la existencia de causa grave” debido a que luego del análisis de los hechos y las declaraciones de los involucrados, así como tras revisar las denuncias difundidas en los medios de comunicación sobre una supuesta intromisión ante los miembros de la Corte de Suprema, “no genera el mínimo de certeza requerido, toda vez que no existe medio probatorio alguno que permita corroborar su veracidad”.
El documento además recomendaba que sean investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por dos casos: la edad de 75 años de Inés Tello, y no presentar sus informes anuales de los años 2021 y 2022 al Parlamento.
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